REFLEXION SOBRE LA UNIVERSIDAD

Artículo publicado en LA GACETA de Intereconomia el                                           domingo  2 de octubre de 2011

Cada vez que algún político, en este caso la Presidenta de la Comunidad Autónoma madrileña, lanza una nueva idea, se desata una tormenta. El simple hecho de sugerir si el Estado deba plantearse asumir los costos de la especialización tras acabar los estudios superiores ha abierto la caja de los truenos.

La función social de la Universidad posibilita el acceso a estudios superiores a quienes deseen realizarlos, y los propios centros universitarios limitan el acceso generalizado mediante un sistema de plazas limitadas y la exigencia de unas mínimas calificaciones académicas que seleccionan a los alumnos. Desde hace años, esta restricción lógica ha sido desbordada por una política educativa que ha premiado el “derecho” a una educación superior sustituyendo al mérito, buscando el igualitarismo y olvidando la misión universitaria de formar a los más dotados intelectualmente.

La Universidad tiene una doble misión, docente e investigadora. Ambas están pobremente atendidas por el Estado. Este debe velar por la calidad de la enseñanza superior y acreditar a quienes sean capaces de darla, pero no hay razones para que se erija en protagonista exclusivo frente a alternativas privadas con iguales garantías docentes. ¿Debiera, por la misma razón, ser el responsable único de cualquier proyecto investigador?. Aunque hoy existen 47 universidades públicas y 42 privadas, éstas son inaccesibles para una gran parte de la sociedad, lo que no ocurriría si la política de becas fuese dirigida hacia la generosa dotación de los más capaces para que libremente elijan sus estudios y el centro donde deseen formarse.

No ocurre lo mismo con las iniciativas públicas que facilitan la titulación universitaria de quienes comparten trabajo y estudio. La UNED ha experimentado en pocos años un crecimiento espectacular sin limitaciones de acceso libre a los estudios deseados. Aquí, ciertamente, no puede esperarse la colaboración de la iniciativa privada pero curiosamente, esta actividad docente se considera marginal, despreciando su inmensa labor social.

En España se destinan casi 3.000 millones de euros a la educación superior cuyo costo corre a cargo de todos los ciudadanos. Una parte importante se destina a la concesión de becas primando su número, en vez del importe. Pero mientras en la última década, éstas han aumentado más de un 20 %, también se ha incrementado en la misma proporción el número de docentes. Como consecuencia, la masificación del alumnado se está trasladando también a la del profesorado, en tanto que la inversión en medios técnicos, laboratorios o áreas de prácticas, se mantiene en los niveles de hace años.

Con todo, lo peor es la pobre calidad de la formación: el centro español más valorado, la Complutense de Madrid, se sitúa en el puesto 157 del ranking mundial, mientras las universidades de Estados Unidos, Canadá y numerosos países europeos concentran el mayor prestigio. Curiosamente, el país preferido por los adolescentes de Europa para realizar los cursos Erasmus, solo acoge un ridículo 2 % de alumnado extranjero universitario, lo que constituye una muestra de la pobre atracción de nuestros estudios superiores. La Universidad española, pese a la excelencia de sus docentes y la herencia de una paupérrima educación media, está anquilosada desde hace años con cátedras permanentes, multiplicidad de centros impartiendo las mismas materias, programas con inflación de asignaturas, raquitismo en la investigación y ausencia de iniciativas empresariales que la apoyen.

¿Qué sentido tiene dedicar un inmenso esfuerzo económico para mantener masificadas universidades, enseñanzas obligadamente teóricas por carencias de medios prácticos y sobre todo, para formar un alumnado en estudios que nunca deseó o destinado a ejercer trabajos para los que no se ha preparado con la consiguiente desmoralización?.

La insuficiente formación universitaria se refleja en la proliferación de cursos master, que elaboran sus programas, buscan su propio profesorado y seleccionan a los mejores alumnos. La tentación de que sea el Estado quien asuma protagonismo es precisamente lo que ha cuestionado Esperanza Aguirre al preguntarse por qué debe pagar el ciudadano con sus impuestos las consecuencias del fracaso de la propia administración .

Cuando en época de crisis se replantea la supervivencia del Estado de Bienestar, cuando se acepta la concertación con centros no estatales en la Enseñanza Primaria y Secundaria, debiera considerarse la apertura de la responsabilidad individual y la iniciativa privada en la formación superior y la posterior especialización. Y esto es lo que ha venido en señalar la Presidente de la Comunidad Autónoma madrileña, pero ya se sabe que cualquier innovación que rompa con el pensamiento único del totalitarismo o la búsqueda de la excelencia por encima de los “derechos generalizados” a una enseñanza superior será siempre materia de escándalo para lo políticamente correcto.

1 comentario

  • By Truman Wolfe, 21 marzo 2012 @ 9:10

    Un extraordinario artículo, sin duda. Tiene razón, Javier, se ha despreciado el mérito y se ha tirado por la calle del igualitarismo con cátedras endogámicas que creen que fuera de la Universidad no hay talento alguno. Doménech en estado liberal puro y sin maniqueismos. Esperemos que Benaite le imite.

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