Fue el principio : La legislatura del pensamiento líquido. La legislatura que se adoptó como arma estratégica la tensión de la vida pública, la exclusión de los no adeptos al pensamiento progre, la del pacto del Tinell y Carod-Rovira, la que incubó el huevo de la serpiente secesionista con el Estatuto de Maragall, la que utilizó la mentira como arma política en donde el debate entre Solbes y Pizarro fue el paradigma del engaño a los españoles que ignorantes de la situación se encontraron con las consecuencias : El paro y la miseria que desbrozaron el camino al peor populismo.
Estos años de incertidumbre que han hecho sufrir a mucha gente trayendo además inestabilidad política deberían servir para afrontar cambios en España, sin complejos estúpidos como los que se tienen frente a independentistas, progres y meapilas socio-conscientes.
De esta brutal crisis se está saliendo, España ha mejorado los últimos años en PIB, ha descendido el paro, aumentado el número de cotizantes a la Seguridad Social, eso está ahí, los datos son tozudos, lo mismo que las diferencias se han acortado, porque España es una magnífica Nación con un sistema constitucional que ha permitido en los últimos cuarenta años, el periodo democrático, la mejor evolución de su historia, pero ha llegado el momento de hacer un rectificado de motor empezando por la propia estructura del Estado.
Es necesario ajustar decididamente la elefantiásica estructura del Estado, por ineficaz, generadora de gasto público y déficit.
Es insoportable el peso de la Administración Central, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares, Mancomunidades, Ayuntamientos, Pedanías, Juntas Vecinales, Entes, Puertos, Aeropuertos, Ferrocarriles, Empresas Públicas y toda la manada de Ongs, sindicatos, kulturetas y demás profesionales del ordeño de la cosa pública, que no contentos con mantener sus aparatos los han aumentado en 137.000 personas durante el periodo de crisis mientras la gente paga más impuestos.
Uno de los problemas creados por la estructura autonómica del Estado, desde luego no menor, es el que ha consagrado desigualdades entre los Ciudadanos ante la Administración y la Ley conculcando un elemental aspecto de la democracia : Todos somos iguales ante la Ley.
Hay que plantearse con legitimidad democrática y coraje político la recuperación por parte de la Administración Central de las competencias cedidas en Educación, Justicia y los sistemas de salud y servicios sociales, porque si los españoles somos iguales ante la Ley, la cuestión territorial no debe hacernos desiguales.
Tampoco podemos ser desiguales a causa de las barreras creadas por las Comunidades Autónomas en los mercados, en el ejercicio profesional o en la normativa sobre instalaciones empresariales, que además de seguir conculcando la igualdad constitucional son una torpeza para el desarrollo económico.
En estos cuarenta años España ha «padecido» la exagerada sobre representación que de manera injusta el sistema electoral ha concedido a partidos de ámbito territorial con nula lealtad constitucional, es necesario, con valor político, acometer una nueva Ley Electoral que manteniendo la proporcionalidad y circunscripción provincial que señala la Constitución corrija los privilegios de los menos a costa de los más, reduciendo de 350 a 300 los diputados a elegir en las provincias y creando un colegio electoral nacional con 75 escaños a repartir proporcionalmente entre los votos alcanzados por los partidos en toda España.
No siendo poco, no es esto lo único que hay que cambiar en España, es necesario poner en marcha los planes energéticos e hidrológicos vitales para el País e impedidos hasta el momento por la postura de las distintas Comunidades Autónomas, además si en este inexcusable proceso de cambio se elimina la «Ley mordaza» mejor para los demócratas.
