YO SI ESTOY A FAVOR

Nos hemos pasado meses preguntándonos cómo es que la gente no salía a la calle para protestar por la situación económica. No podíamos entender la pasividad de la sociedad ante los problemas que la ahogaban, el drama del desempleo y el desencanto por los políticos.
Y ahora, nos sorprende precisamente aquello que echábamos en falta: la protesta social. No ha habido asaltos a los supermercados, pero si concentraciones que se multiplican por toda la geografía. Internet ha conseguido lo que no lograron los medios clásicos de comunicación.
Las concentraciones en las plazas más importantes de las ciudades españolas son el reflejo del hartazgo social manifestado por quienes suelen ser los protagonistas iníciales de las revoluciones modernas: los jóvenes.
Lo ocurrido en Túnez y El Cairo probablemente sólo tenga en común con el caso español su convocatoria a través de las redes sociales de internet. Pero el fondo es similar: la protesta contra sistemas políticos – en esos casos dictaduras –, que no soluciona los problemas que atenazan a los ciudadanos.
El evidente no partidismo de las masas de jóvenes que se concentran ha molestado a los propios partidos políticos, que esperaban recoger el descontento social a su favor. Pero es que la protesta no va dirigida solo contra el gobernante, sino contra el “sistema”. Siempre ha ocurrido en los procesos que inician las revoluciones. La mayor parte de los casos acaba agotándose en su propia utopía, salvo cuando las fuerzas del “sistema” inician la represión contra los manifestantes. Entonces, la inevitable contundencia policial va seguida de la protesta violenta, el destrozo urbano, el desorden y surgen los heridos y los muertos, que se convierten en los mártires y símbolos de la protesta.
De momento, por fortuna, parece que el sentido común domina la situación. Tras no haber podido impedir las concentraciones, es mejor no intervenir violentamente contra ellas.
Desde posturas ancladas en la inmovilidad se critica que no se cumplan las normas legales que regulan los permisos de concentración, la prohibición de expresar opiniones en jornadas de reflexión, que no se critique la actuación de los jueces del Tribunal Constitucional o que no se condene el terrorismo. Pero se ignora que estas no son las preocupaciones de millones de españoles. Lo que más irrita a la ciudadanía es el comportamiento de la clase política, sus endogamias, su incapacidad de aportar soluciones, la pobreza de sus liderazgos, las normativas inoperantes, la incapacidad de aportar soluciones urgentes en un país con los mayores niveles de desempleo y falto de esperanzas.
Se les acusa de no respetar las normas legales de participación política, cuando todos compartimos que estas deben cambiarse— la ley electoral, las listas abiertas, la limitación de mandatos, la supresión de las prebendas, …– sin que ningún partido político se haya comprometido a ello ni lo haya intentado en el pasado ni lo contemple en le futuro
En mayo del 68 se pedía lo imposible por los jóvenes de una sociedad opulenta. Hoy, ese mundo amenaza ruina, y los jóvenes salen a las calles pidiendo lo que sí debiera ser posible: cambios en un sistema donde no se encuentran representados ni atiende sus necesidades reales.
En la espontaneidad de estos movimientos cabe, ciertamente, la sospecha de que algunos grupos puedan manipular las protestas. La tendencia ácrata es consustancial con el espíritu juvenil. Se quiere un mundo mejor, una sociedad más justa, una participación directa en los temas que afectan a los ciudadanos… y aunque la realidad muestre la utópica inviabilidad de las demandas, es evidente que tienen razón.
Las mentes más legales pensarán que deben respetarse las leyes, que la democracia supone acatar normas, pero no puede extrañar a nadie el descontento que la situación política y económica conduce al apartamiento de muchos hacia lo que les ha resultado inútil.

DESAPARECE UNA ALIMAÑA

Publicado en “La Gaceta” el 15 mayo 2011

Tras la Segunda Guerra Mundial, los dirigentes del nazismo, sus colaboradores en diferentes países y los altos militares de Japón fueron juzgados por tribunales formados por sus enemigos y ejecutados. Poco antes, Mussolini fue capturado y fusilado contra un muro y su cadáver expuesto, colgado de los pies como una res, en una plaza de Milán. No ha habido otros casos recientes de ajusticiamiento, salvo las ejecuciones de Ceausescu y de Hadam Hussein. Ninguno de los demás asesinos políticos del último medio siglo ha sido condenado a muerte, ciertamente no porque escaseasen. Ni Pol Pot que dirigió los genocidas Jhemeres, ni Pinochet, ni los generales de Argentina o Yugoslavia, ni los sátrapas Mobutu o Idi Amín, ni siquiera Stalin o Mao acabaron igual. El mundo occidental, tras los juicios de Nuremberg y de Tokio ha evitado encarcelar a los tiranos, que morían exiliados o en vísperas de la transformación de los regímenes que dirigieron.

Cuando el nazismo, el estalinismo o el maoísmo eliminaron seres humanos por centenares de miles, las víctimas se seleccionaban para ser eliminadas en programas genocidas o por motivos ideológicos. Los militares argentinos, chilenos y uruguayos secuestraban selectivamente a sus adversarios para torturarlos y hacerlos desaparecer. Los déspotas africanos ni se molestaban en ello: el machete siempre ha sido un arma expeditiva usada en Sudán, Ruanda o Etiopía. Solo Al Qaeda y otras ramas del fundamentalismo islámico en Oriente Medio, el insurrecionismo checheno o los terroristas irlandeses y vascos han cometido matanzas indiscriminadas justificadas por rostros encapuchados, a través de exaltados videos: Hamás, Al Jihad, Hezbollah, IRA, ETA…

Desde hace años, el mundo se encuentra envuelto en una guerra sin frentes, fronteras, ni ideologías, donde se mata en nombre de un dios o se reclaman territorios, sin distinguir combatientes ni civiles. La Humanidad nunca se enfrentó a un enemigo invisible, que asestaba golpes indiscriminados, con atentados masivos donde morían centeneras de civiles, como ocurrió en las Torres Gemelas de Nueva York, en las discotecas de Bali y Berlín, en el metro de Londres, en los aeropuertos de Viena y Moscú, en el centro de Nairobi, en los mercados y calles de Marrakech, Jerusalem, Madrid, Karachi o Bagdad…

Las convenciones internacionales, acordadas para limitar el sufrimiento de los prisioneros, fueron promulgadas en épocas donde el uso de armas de destrucción masiva – desde las nucleares, a los gases tóxicos o las bombas de racimo – eran desconocidas. El coche bomba, el explosivo en un avión comercial o en un tren, el suicida envuelto en dinamita para inmolarse entre la muchedumbre, nunca estuvieron contemplados. Quienes hacen uso de esos métodos, saben que se encuentran fuera del Derecho Internacional, como así fue declarado expresamente por las Naciones Unidas, despojándolas del carácter de combatientes y calificando como terrorista a toda organización que realice actos “destinados a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a realizar una acción o abstenerse de hacerla”.

Occidente no emplea los métodos de Al Qaeda o sus discípulos, lo cual ya es una notoria desventaja en el enfrentamiento mortal, y es consciente de las dificultades de combatir al terrorismo con la única fuerza del Derecho.

Pero existe una diferencia sustancial: cuando encarcela al terrorista, mata selectivamente a la cabeza responsable, y no usa métodos de exterminio masivo. Si Bin Laden ha sido ejecutado, hay razones más que sobradas para justificarlo. El mundo no podría correr el riesgo de someter a un juicio público al dirigente que encendió el odio de miles de mentes musulmanas. Es muy probable que sus herederos inicien acciones de venganza, pero no podría concedérseles gratuitamente la posibilidad del chantaje, con seguras amenazas de nuevos atentados o ejecuciones de rehenes inocentes. Bin Laden ya no existe. Nunca se lloró la muerte de una alimaña.