HABLANDO DE RESPONSABILIDADES
Publicado en LA GACETA de INTERECONOMIA, el 6 de junio de 2012
La lluvia de escandalosas deudas contraídas por decisiones tomadas en diferentes Ministerios, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos ha conducido a España a una situación económica crítica. Es el resultado de inversiones en proyectos faraónicos, creación de miles de empresas fantasmagóricas repletas de empleados con afinidades políticas y sin cometido útil alguno, subvenciones generosas a proyectos ridículos, duplicidades administrativas… Todo un mundo donde el dinero público se ha gastado para satisfacción del ego y con frecuencia el bolsillo de los protagonistas políticos.
Así España ha pasado a ser el país europeo con la mayor red de trenes de alta velocidad uniendo capitales de provincia, el mayor numero de aeropuertos sin tráfico, una generosa dotación de universidades incapaz ni una sola de figurar entre las cien primeras del mundo, la mayor cantidad de empresas públicas empeñadas en proyectos inútiles, la más extensa red de televisiones autonómicas que nadie atiende, numerosos puertos e instalaciones deportivas y empeños seudo culturales, donde se esconde un número de inversiones millonarias, inútiles y de rentabilidad cuestionable. Las Cajas de Ahorro, en cuya dirección se situaron dirigentes políticos y representantes sindicales sin preparación profesional alguna, fueron las herramientas que sirvieron para financiar proyectos ruinosos ante la indiferente vigilancia de las autoridades del Banco de España. Los resultados de estas aventuras empresariales han quedado evidentes cuando, la mayor parte de estas entidades se asoma a la quiebra y arrastran deudas imposibles de asumir con sus ingresos. A estos desmanes económicos, se añaden a los escándalos derivados de actuaciones urbanísticas, licencias de construcción, subvenciones, contrataciones y un cúmulo de irregularidades que ponen al descubierto escandalosos acuerdos y connivencias que acaban en las salas de los Tribunales. Allí, concejales, alcaldes, directores generales, consejeros, presidentes autonómicos y un submundo de intermediarios, deben afrontar acusaciones por malversación de caudales públicos y enriquecimientos de más que dudoso origen, mostrando redes de corrupción que motivan la indignación social generalizada.
Cualquier gasto público debe ser adecuadamente informado por los servicios técnicos correspondientes. Igualmente, requiere el aval de los funcionarios de intervención y de una serie de responsables de la maquinaria administrativa pública, cuya misión es, precisamente, dar el visto bueno a los proyectos o decisiones de origen político. Sin embargo, rara vez, se verá a un funcionario público encausado por las acusaciones que se formulan contra los dirigentes políticos que gobernaron los ayuntamientos, diputaciones y otros organismos donde se realizaron tales irregularidades. ¿Cuántos funcionarios de carrera – en sus diferentes niveles — han sido formalmente encausados por los continuos escándalos que salen a la luz?. ¿Qué pasó con quienes autorizaron gastos imposibles de cumplir, avalaron presupuestos quiméricos o concedieron licencias de construcción claramente irregulares?.
Los notarios de la función pública son los vigilantes de que las administración funcionen con arreglo a la ley, desde un simple informe sobre las disponibilidades económicas presupuestarias, a la revisión final que debe acometer el Tribunal Central de Cuentas. Pero los retrasos en sus pronunciamientos son tales y tan asumidos, que acaban en la inutilidad. Los servicios de control público del gasto, hundidos en burocracia y lentitud, son también responsables de las irregularidades contables aparecidas. La función de control de los representantes del Estado ha derivado a simples notas de advertencia que conducen, en su inoperancia, a la fácil toma de decisiones que vulneraron la legalidad o comprometen la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas. Aunque los responsables últimos de cualquier situación de corrupción sean quienes la cometen, la lógica conduce a cuestionar también a quienes por su desidia, complicidad o inoperancia se hicieron también responsables.
Las leyes están para ser cumplidas, y si se vulneran deberían abrirse expedientes de sanción a todos sus protagonistas, incluídos quienes autorizaron las actuaciones o silenciaron las irregularidades. Porque en definitiva, el político que desde el poder que le concede su cargo público se hace reo de una acusación, casi siempre se ha cobijado o ha buscado la complicidad de informes técnicos y visados administrativos favorables que las permitieron.
General | Javier Domenech | 
11 junio 2012 11:35
By La Mano Invisible, 11 junio 2012 @ 11:51
Esta vd. evolucionando hacia la subversión. Mira que andar pidiendo responsabilidades …
By margot, 12 julio 2012 @ 11:44
¡por fin alguien dice cosas sensatas!. le felicito por su valentía