Localismos provincianos

 

Dentro de su política de revisión de formas y procesos, se supone que para mejorar la eficiencia administrativa y la gestión de los dineros públicos, el Gobierno Regional ha introducido cambios en los pliegos para la concesión del transporte escolar en Cantabria, dicen que buscando la mayor participación empresarial posible. Les ha faltado tiempo a los partidos de la contra y a los sindicatos para echar mano del argumento del ’peligro´ de que el concurso lo gane una empresa ’de fuera’, de que con ello se pierdan calidad y puestos de trabajo, y, todo al tiempo, ponga en crisis la supervivencia de las empresas cántabras del sector.

Cualquiera con perspectiva alcanza a entender que la competencia, en el campo que sea, dinamiza los mercados, obliga a la innovación, y ajusta los precios. Que le pregunten si no a las amas de casa qué hacen cuando salen a llenar la cesta de compra, dónde la hacen y por qué. En los momentos que corren, los concursantes públicos se trabajan mucho sus ofertas para ser diferentes, mejores, y más baratos que sus competidores. La administración paga menos por lo que contrata, y los administrados mantienen el uso de los servicios. Soy de los que opina, además, que sin merma alguna de la calidad, porque estoy seguro de que la administración realiza suficientes controles para ello (y si no lo hace ahí estamos los contribuyentes para exigírselo), y las empresas se palpan mucho la ropa antes de perder un contrato por ’dar gato por liebre’. No son tiempos para tonterías.

El argumento del localismo, en este contexto, rechina por provinciano. Por supuesto que hay que procurar la mayor protección posible al tejido empresarial autóctono. Hay que crear un marco económico y fiscal atractivo para la implantación de empresas que se queden mucho tiempo generando empleo y riqueza. Y hay que ayudar a que las empresas en dificultades puedan capear el temporal echándoles una mano, pero desde luego no falseando la libre competencia ni excluyendo proyectos por el mero hecho de venir de fuera. En la contratación administrativa, que está además regulada por ley, no tienen cabida los productos con denominación de origen ni las marcas regionales de calidad.

Frente a un contrato público todos deben poder presentar ofertas en igualdad de condiciones, eso que se llama la ’concurrencia competitiva’. Y a partir de ahí, como dice un refrán castellano, ‘el que más pueda, capador’. Si es una empresa de la tierra, mejor, pero si no lo es, qué le vamos a hacer.

(PE. Acabé este artículo en el avión regresando de mis vacaciones en La Palma. El sábado supe por un periódico regional que el concurso se había fallado, y que dos empresas foráneas habían conseguido un importante número de rutas escolares)

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