NO SOLO ECONOMIA

Articulo publicado l LA GACETA de INTERCONOMIA el 11 noviembre 2011

Con las arcas públicas vacías y endeudadas por la inoperancia socialista, nadie tiene la menor duda de que el futuro gobierno deberá hacer frente a una situación de auténtica emergencia, ante la gravedad de una situación económica que ha conducido a la proximidad de quiebra nacional y el mayor número de desempleados de Occidente. Una preocupada ciudadanía teme reducciones de los sistemas públicos de educación, sanidad y prestaciones sociales, imposibles de mantener si no se reduce el desempleo y se revitaliza la vida económica. La gente ha detenido el consumo y teme por sus ahorros, los empresarios se han visto obligados a reducir su actividad ante la falta de crédito y los bancos intentan sobrevivir a sus deudas, buscando dinero en lugar de prestarlo, mientras todo se paraliza, en un infernal círculo vicioso que conduce al marasmo y empobrecimiento generalizado. Se habla de los gigantescos intereses de la deuda pública, del diferencial con el bono alemán, de la amenazante intervención de la economía española. Para todo el mundo, la percepción del futuro es que la fiesta se ha acabado, que las alegrías de otros tiempos tardarán en regresar y que se imponen años de sacrificio y esfuerzo. Y este deberá ser el sincero mensaje del gobernante si pretende recuperar la confianza perdida, exponiendo con claridad la situación en que nos encontramos, no solo como una maldita herencia recibida, sino como un desafío al que es preciso hacer frente.

Pero, aunque el vil dinero es algo muy serio, serán necesarias también, la toma de medidas inmediatas que permitan asumir los sacrificios que se van a pedir. España precisa acometer con urgencia tres retos fundamentales: la normalización de la justicia, la recuperación de la dignidad nacional y la reforma de la educación.

No existe democracia sin separación de poderes y en nuestro país ésta es casi una quimera. El descrédito del sistema judicial ocupa un lugar destacado en la mentalidad de las gentes. En los últimos años, la justicia ha derivado hacia la servidumbre política, lo que desnaturaliza su misión. Junto a la independencia de los comportamientos judiciales hay que tomar medidas inmediatas que acaben con la algarada callejera permanente, la impunidad y reiteración de muchos delitos llamados “menores”, la lentitud de los procedimientos, el incumplimiento de sus dictados, la permisividad frente a quienes vulneran la convivencia o las constates provocaciones hacia la Jefatura del Estado, bajo la excusa de proteger la libertad de expresión. Existen fronteras que si se cruzan, conducen a futuros inciertos, cuando lo que necesitamos son certidumbres.

En segundo lugar, hay que recuperar el sentimiento de dignidad nacional. Tras humillantes concesiones en aras de una supuesta pacificación, hoy el terrorismo ha alcanzado las metas que se propuso, dejando tras sí casi un millar de víctimas. Un Estado digno jamás negocia con delincuentes ni se rinde a sus amenazas. Ninguna pacificación justifica la claudicación a las demandas de quienes usaron el terror durante décadas dejando tras sí un sangriento reguero de víctimas. La disolución de ETA no puede acabar en pacto alguno, sino con su rendición y el cumplimiento de las penas dictadas por los tribunales.

La recuperación de nuestro dignidad incluye también una revisión del Estado Autonómico, que se ha convertido en un lastre económico inviable en la situación actual, no solo por su costo, sino por haber puesto en riesgo el concepto de unidad nacional, derivando hacia un taifismo de regulaciones, incompatibles con la eficiencia del mundo moderno. Hemos sido testigos de cómo se desprecia el aprovisionamiento energético o se eliminan planes hidrológicos, mientras los representantes autonómicos se enfrentan adjudicándose la titularidad de las aguas, como quien reclamara la posesión de las lluvias o del sol. Hemos soportado el chantaje del localismo y financiado inventadas deudas históricas sin rechistar. La sociedad europea tardó siglos en alcanzar unos niveles equiparables de derechos y obligaciones comunes pero hemos descuartizado la Constitución en 17 interpretaciones, donde se cuestionan los símbolos únicos y se cede ante las demandas de cualquier nacionalismo que reniega de España. Es una labor que otros países ni se cuestionan, donde cualquier ciudadano carece de las dudas existenciales que envenenan nuestra convivencia.

Finalmente, debe acometerse como prioritaria, la reforma de la educación, donde asienta la mayor riqueza de un país moderno, cuando las materias primas y la producción masiva de bienes ya no son patrimonio del mundo occidental. Una gran parte de nuestra lamentable política educativa procede del vergonzoso nivel formativo de la enseñanza secundaria, desorientada por continuos vaivenes, donde los informes periódicos elaborados por la Unión Europea repiten las señales de subdesarrollo que nos lastran: insuficiente base en matemáticos y ciencias afines, ausencia de bases humanísticos, incapacidad de expresión hablada o escrita y mínimo conocimiento de idiomas en un mundo globalizado.

No todo es por tanto economía, aunque en la mente de todos está la necesidad de medidas decididas que reaviven la actividad de un país al borde de la quiebra por ocho años perdidos, que ha dejado tras sí una quinta parte de su población activa en el desempleo.

Casi nada.

¡AY DE LOS VENCIDOS!

Publicado en LA GACETA de INTERECONOMIA de Madrid, el 30 de octubre de 2011

Durante los últimos años de la era socialista de Felipe González, la corrupción traía todos los días un nuevo escándalo a las primeras páginas de la prensa. Aún quedan en la memoria los casos Roldán, los desfalcos del Boletín Oficial del Estado o las maniobras económicas del Gobernador del Banco de España, que llevaron a prisión a sus protagonistas, mientras simultáneamente subía el desempleo, se devaluaba la moneda en cuatro ocasiones y las arcas de la Seguridad Social amenazaron quiebra.

Hoy, la situación se repite. El mismo personaje que hace años exigía al Gobernador del Banco de España que le mirase directamente a los ojos mientras le acusaba de turbias maniobras, ha conducido a la ruina a una Caja de Ahorros, dejando tras sí un pozo millonario de endeudamiento. En Valencia, la consejera que el Gobierno colocó para vigilar la gestión de la CAM, se retira con una pensión anual de más de medio millón de euros. En Andalucía, los EREs de empresas que llevan al paro a miles de trabajadores se acompañan con millonarias indemnizaciones a políticos que jamás trabajaron en las mismas. En La Mancha, las deudas muestran cada día el abismo de un pozo sin fondo. En Extremadura se cuentan por millares los militantes socialistas que se beneficiaron de empleos insustanciales. Y en todas las Comunidades Autónomas donde el PSOE ha gobernado, queda un agujero negro de deudas millonarias, gran parte de las cuales ni siquiera habían sido concedidas con conocimiento parlamentario.

Muchos dirigentes políticos han aprendido a no robar directamente de las arcas públicas, pero utilizan procedimientos más sutiles para obtener sus propios beneficios, sin correr el riesgo de acabar directamente en prisión, como ocurrió con Roldán, Salas, Mariano Rubio y tantos otros. Se ha sustituido el acceso directo a la caja del dinero por la distribución generosa de contratos inútiles, subvenciones a familiares y empresas de amigos , sospechosos encuentros furtivos en gasolineras o el blindaje de sus propios sueldos millonarios mientras se dejaba en suspenso el pago de lo más necesario. Todo ello, acelerado en los últimos meses, cuando la crisis económica provocaba estragos y se adivinaba un posible cataclismo electoral. La codicia del gobernante que desprecia los mecanismos de control, aprovechando la inutilidad de los mismos y la pasividad de la Justicia, ha conducido a que a una situación económica en crisis se añadan los daños provocados, no solo por la ineficaz gestión, sino además por la malversación de los caudales públicos. Partiendo de la creencia de que el “dinero público no es de nadie”, España ha sido en los últimos años un puerto de arrebatacapas, donde cada gobernante hacía lo que le venía en gana con el dinero que disponía o del que, sencillamente, no disponía. Tanto para gastar en aceras el importe congelado de las pensiones, como para construir aeropuertos sin tráfico, AVEs sin pasajeros o subvencionar cualquier esperpéntica iniciativa.

El Derecho contempla la imagen del administrador que malversa los caudales o falsifica los datos y debe afrontar personalmente su responsabilidad ante la Justicia. Ahora comienza ya a hablarse de las responsabilidades penales personales que estos actos pueden conllevar. Me temo que inútilmente. Con la excusa de la figura sacrosanta del político, aforado en su escaño y protegido por sumisos administradores públicos que dieron el visto bueno a muchos desafueros, va a ser difícil exigir responsabilidades. Y afirmando que la mala gestión se paga electoralmente, nos conformamos con enviarles a la oposición, aunque su gestión haya supuesto la ruina de millares de empresarios y el desempleo de la cuarta parte de la población, mientras ellos mantienen sus generosas pensiones o indemnizaciones millonarias.

Pero descuiden, aquí no existirá el “¡ay de los vencidos!”. Quienes dirigieron la política económica de España en los últimos ocho años, quienes durante décadas gobernaron La Mancha, Extremadura, Andalucía, quienes han llevado a la ruina a Cataluña, quienes han provocado un desmán de irregularidades en Baleares, encuentran su futuro asegurado en confortables y bien remunerados retiros, ya que al menos, no tienen la desvergüenza de intentar su regreso afrontando una segura derrota electoral.

¿Qué responsabilidad penal se va a exigir hoy a los dirigentes del Tripartito catalán, con Montilla y Carod al frente, por provocar la ruina de Cataluña?. ¿Cuáles van a asumir Bono o Barreda tras su paseo imperial por La Mancha, a Rodríguez Ibarra en Extremadura o a Chávez y Griñán en Andalucía por sus repartos de mercedes entre los afines?. ¿Qué responsabilidad tiene un Gobernador del Banco de España que no vigilaba la deriva ruinosa de las Cajas de Ahorros y los escandalosos repartos de dinero entre sus directivos?. ¿Quién, por último, pedirá responsabilidades al Tribunal de Cuentas o al Fiscal General del Estado por no iniciar investigaciones ante evidentes malversaciones de los caudales públicos?. Nadie. Nunca pasa nada. Y en consecuencia, con el tiempo volverán a ocurrir hechos similares, como una siniestra maldición recayendo en ciclos sobre un país sumiso, que desde hace mucho perdió su sentido ciudadano y aceptó convertirse en siervo.

EL FIN DE UN MAL SUEÑO

Publicado en EL DIARIO MONTAÑES, 30 octubre 2011

Al parecer, obligado por las circunstancias económicas y con toda sensatez, el actual Gobierno de Cantabria ha decidido abandonar definitivamente la construcción del discutido proyecto de Moneo. El anuncio de esta medida constituye todo un signo de sensatez en los tiempos que corren.

La iniciativa que se tomó hace años fue muy discutida desde el principio, tanto por su ubicación, como por su gasto y por sus características arquitectónicas. Por mucho que se alabe la genialidad del diseño, el señor Moneo proyectó para Santander un remedo del hotel Hilton de Praga, como puede apreciarlo cualquier visitante de la capital checa. La ubicación constituía un mazazo urbanístico encajando un gigantesco cubo acristalado que reflejaría en sus muros las fachadas de los edificios circundantes, sin belleza alguna, y el resultado era similar a encajar la pirámide de Keops entre calles estrechas, carente de perspectiva, que obligó a reconsiderar sus dimensiones y forzar cambios en las normas urbanísticas de la ciudad. Finalmente, su costo desbordaba las posibilidades económicas de una comunidad en vísperas de una crisis que todos, salvo los dirigentes políticos, preveían.

El despropósito de construir el proyecto ideado por Moneo en esa zona, se ha acompañado acompañó de otras medidas sin sentido, la peor de las cuales fue el derribo del antiguo palacio de la Diputación, un edificio que sí poseía características nobles y que podía haber sido destinado a albergar el continuamente demandado Museo de Prehistoria u otro organismo que exigiera un marco noble. En su lugar, hoy tenemos un magnifico solar al que se busca comprador o se convertirá en zona ajardinada.

El desaguisado de las decisiones tomadas por quienes decidieron su construcción, su reforma, el derribo del palacio existente, la construcción del llamado “Anexo provisional ” y finalmente, la parálisis de la obra, constituye toda una muestra de lo que nunca debió hacerse y la falta de previsión económica de los responsables de las cuentas públicas de Cantabria.

No ha sido un caso aislado. La anterior administración autonómica se caracterizó por su afán de dotarse de espacios para sus sedes, añadiendo a sus ansias de expansión, numerosas obras y alquileres, como la Casa de Piedra para una Consejería de Economía que consideró insuficiente las modernas instalaciones del viejo Palacio Macho, la desmesurada construcción del hospital Valdecilla, o la reconversión de un edificio para Archivo y Biblioteca en plena época de Internet, mientras la crisis económica paralizaba toda las obras públicas.

Hoy, el proyecto de Moneo queda felizmente abandonado y en su lugar se contempla el aprovechamiento de otros edificios sin uso en la actualidad, como el Banco de España, o la utilización de zonas que demandan dotaciones, como los amplios y bien comunicados espacios de las Llamas o el Parque Tecnológico.

Por fin, finalmente, se pone fin a una política de construcciones desmesuradas que pretendía igualar la riqueza de una comunidad creyendo que esta se mide por el tamaño de sus edificios públicos, mientras la economía de la misma languidece por falta de inversiones y gastos inútiles. Quienes en su día proyectaron el edificio de Moneo han reconsiderado la idea inicial y quedan perdidos el tiempo y las inversiones gastadas. Y sobre todo, un mal sabor de boca que estaba en la mente de todos cuando se contemplaba cómo las máquinas destruían para siempre el noble palacio de la antigua Diputación para convertirlo en un solar, mientras la crisis económica mostraba la parálisis de obras públicas, muchos mas importantes en nuestra Comunidad.

Cuando creemos que el dinero público no es de nadie, cuando se invierten fondos públicos en empresas fantasmagóricas, cuando se subvencionan proyectos de dudoso futuro, el final suele acabar en desastre o en la necesidad de acabar con los sueños faraónicos y poner los pies en tierra. El buen gobernante hace eso en vez de clamar por deudas históricas, llorar por inversiones inadmisibles en tiempos de crisis o lamentarse por la escasez de los dineros, que le impiden crecerse en gloria y boato.

Muchos tendrían que tomar nota de lo realizado, aunque ninguno asumirá su responsabilidad. Eso denlo por hecho.