Este verano de 2025 ha tenido como trance principal los incendios que han arrasado amplias zonas de España con efectos de catástrofe, en vidas humanas, en hectáreas quemadas y gastos de material y medios.
No me extenderé sobre el indecente posicionamiento de algunos componentes del entramado gubernamental, más pendientes de la bastardía de la culpabilidad que en poner medios para paliar la desgracia.
Estas catástrofes han puesto en evidencia que si en España hay algo que no funciona es un Estado depredador de los esfuerzos de la gente, de las empresas, de los autónomos, mientras que los dineros del común no se ven reflejados en medios técnicos, materiales y saber hacer que pueda justificar ante los ciudadanos el dinero que les arrebatan. Evidenciando una vez más en España, en el siglo XXI, el Estado no es otra cosa que una bosta, una inmensa bosta.
Pendiente sigo de la habitual monserga de los estatistas, los de la educación, las carreteras o los hospitales, supongo que en esta ocasión no tendrán la face de hablar sobre carreras y autovías para justificar las actuación del Gobierno de la Nación o Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares, Mancomunidades, Municipios, Pedanías, Juntas Vecinales, Entes, Empresas Públicas que gastan como si el dinero público no fuera de nadie en políticas de género, de programas de cooperación con terceros países, 16.000 millones de euros en los últimos años a Marruecos, además de los fondos entregados a los sindicatos, CEOE y demás grupos de presión de toda índole, tributarios del dinero de los contribuyentes.
Pendiente estoy también de los discursos buenístas de los muy subvencionados grupos ecologistas españoles tan opuestos ellos a las actividades cinegéticas, al deporte, la acción humana que garantiza la utilización de una naturaleza que debidamente atendida debe estar siempre al servicio del hombre para que no se convierta en lo que en muchos casos se han convertido los bosques, en auténticas selvas sin desbrozar, sin limpieza alguna que se han transformado en lugares muy peligrosos para el ya muy peligroso trabajo d extinción de incendios.
Los terribles incendios que han arrasado miles de hectáreas en Galicia, Extremadura y Castilla León, com miles de evacuados y también con muertos no pueden quedar en el olvido pues indigna conocer según el Tribunal de Cuentas Europeo, que de los 559 millones de euros recibidos de la UE únicamente 221 se han dedicado a regeneración y cuidado del medio natural, aunque no se trata solamente de recursos, se trata de imprevisión e incompetencia de un Estado que lo único que hace con energía es multar, sancionar y cobrar a los contribuyentes.
Esta desgracia con los incendios no ha sido lo único, el Estado lleva años sin dar respuesta a los acontecimientos que los que debería proteger a la gente, aunque solo sea para justificar su existencia. Así hemos padecido un COVID que provocó más de 130.000 muertos con todos los operativos puestos en marcha tarde y un caos organizativo que solventaron de la peor manera posible decretando un estado de excepción que secuestró a los ciudadanos en sus domicilios y como les pareció poco además cerraron el Parlamento.
También se produjo la erupción volcánica en la isla de la Palma y sin hacer responsables a los poderes públicos de tal catástrofe si lo son desde luego de las condiciones en las que se encuentran muchos de los afectados, aún en módulos prefabricados y con lejanas esperanzas de recuperar su vida anterior.
Para catástrofe la ocurrida en Valencia con la DANA, doscientos muertos, destrozos insoportables y colapso del Estado, lo mismo que colapso todo el 28 de abril cuando España sufrió un apagón generalizado, ello mientras los poderes públicos se pusieron a buscar una conspiración que nunca apareció, pero que dejó claro que solo con molinillos y prohibiendo la energía nuclear ocurren estas cosas.
Esta sensación de Estado incompetente que deja la demoledora sensación de estar abandonando el saber hacer que acompaña a los países civilizados del primer mundo tiene sus domésticas realidades en una red ferroviaria que deja tirada a la gente o la imposibilidad que descuelguen un teléfono para concertar cita en las AA.PP.
Esto y bastante más está ocurriendo en una Nación en donde el Estado ha dejado de funcionar en aquellas materias com la protección a las personas podría justificar su existencia, aunque lo más doloroso es comprobar como se acepta con resignación e indiferencia por la mayoría de la población, siendo pocos los ciudadanos dispuestos a reclamar responsabilidades.
