La unidad de mercado

  Cuando en 1951 , pocos años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial se firma en París un Tratado por el que se crea la CECA , lo que Francia, Alemania , Italia y los Países del Benelux por medio del mismo establecen son la libertad de circulación del carbón y del acero , además del libre acceso a las fuentes de producción y lo que es más importante , estamos ante el origen de las Instituciones de la Unión Europea tal como hoy las conocemos.

A partir de aquí el tratado fue modificándose , primero en 1965 por el llamado «Tratado de Fusión «, luego en 1970 , en 1975 también, mientras que en 1984 el Tratado de Groenlandia enfoca la última fase antes del Acta Única Europea de 1986.

Siguieron el Tratado de Maastricht en 1992, el de Ámsterdam en el 97 y los de Niza y Lisboa en 2001 y 2007 respectivamente que consolidan un modelo ( aquí no lo analizo) en donde la unidad de mercado, el espacio común, la democracia  representativa y la libertad de movimiento tanto de personas, de capitales como mercancías sean una realidad propia del acervo comunitario.

Hasta aquí era donde queríamos llegar en España, aquí queríamos estar los españoles, en un espacio de libertad, sin barreras, sin trabas, sin fronteras y que pareció podiamos alcanzar en 1985 cuando en Madrid España firma su adhesión a la Unión Europea.

Desafortunadamente la realidad ha sido otra, una deriva tan estúpida como letal ha parcelado España en 17 mercados interiores, todos con normas distintas, todos con requisitos diferentes, todos intelectualmente morosos han dado lugar a una situación de ineficiencia económica por una parte , lastrado la competitividad por otra y lo que es peor, nos ha conducido a una situación antidemocrática por atentatoria de los principios de libres e iguales, ( iguales ante la ley claro) de modo y manera que en estos momentos en función de territorio existen normas y obligaciones distintas con las funestas consecuencias que ahora soportamos.

Esta estupidez, esta asfixiante maraña de normas, trámites , permisos y obstáculos burocráticos que suponen para la economía de la Nación más de 45.000 millones de € de gasto improductivo han obligado ( por fin ¡¡¡) al Gobierno a poner en marcha la «Ley de Garantía de Unidad de Mercado», para que las empresas y los profesionales puedan sortear el campo de minas impuesto al socaire del modelo autonómico, que nos ha regalado homéricas gilipolleces como la que obliga a los fabricantes de máquinas tragaperras a producir modelos distintos de … palanca ¡¡¡, o que un productor vinícola tenga que poner a las mismas botellas diferentes tamaños de etiquetas según a que autonomía dirija su producción.

No puede sorprender entonces que sea imprescindible legislar sobre la materia, aunque no duden que aparecerá algún cenutrio hablando de competencias exclusivas y derechos históricos.