Hay países en los cuales poner en marcha una empresa parece una reedición de la «Historia interminable» de Michael Ende. Para culminar tal empeño hay que tener una voluntad de platino iridiado. Para comenzar el calvario se necesita una certificación negativa del nombre elegido, ingresar el capital social, la escritura de constitución, una solicitud de NIF, darse de alta en el censo de empresas, continuar con la acreditación de los socios, señalar el domicilio fiscal ( para que quede bien claro en donde se ejecutaran los puñaladas), también el tipo de actividad que realizará la empresa, la inscripción en el registro mercantil, alta en el IAE, declaración censal, afiliación a la SS y más cosas, muchas más … licencia de actividad, alta en el registro de establecimientos e impuestos. Muchos impuestos, todo trufado de impuestos.
Pues si, esto y alguna cosa más son los procedimientos para constituir una empresa, por mínima que esta sea. Luego se preguntarán por las causas de debilidad del tejido empresarial español o por qué de la economía sumergida, abocada a la oscuridad por la burocracia y el saqueo impositivo.
Es la lucha constante contra la administración pública, poderoso enemigo que eleva a la categoría de héroe a todos aquellos que se disponen a crear una empresa, máxime en un País como el nuestro en donde la figura del empresario es demonízala por bastantes irredentos subvencionados, en lugar de tener el reconocimiento social que deben disfrutar, además en situación comparada esta es difícil , basta asomarse a las páginas del Índice de Libertad Económica 2022 para ver como España se encuentra en el puesto 44 por detrás de países como Portugal, Suecia, Noruega o Alemania en en el cuadro sobre impuestos, estabilidad monetaria, flexibilidad laboral y otra serie de indicadores hasta un total de veintidós, que dibujan un ecosistema de dificultad para las empresas.
Un grave problema es que la estructura empresarial en España es de escaso tamaño, además del peso que tiene en actividades de poco valor añadido. Concretamente con más de cincuenta empleados únicamente suponen el 1,02 % del total, mientras que las que tienen entre cero y nueve empleados son el 93,64 %, esto son los porcentajes según número de empleados de las 2.928.706 empresas existentes.
A la vistas de ello no puede sorprender que sea la productividad uno de los problemas más graves de la economía nacional, con ese tamaño tienen dificultades para evolucionar pues son las empresas grandes las que tienen mayor capacidad para trasformarse y desarrollar nuevas herramientas de gestión, también están en mejores condiciones para crear economías de escala, tienen más recursos para exportar y también más posibilidades para lograr financiación a proyectos.
No es el caso del 93,64 % de las empresas que en España existen, su menor tamaño hace que sean 2,6 veces inferiores en productividad a una grande, lo que les lleva a competir mal y poco, desviando sus esfuerzos en bastantes casos en la búsqueda de proteccionismo o la concesión con los lastres que eso lleva en si mismo, para el desarrollo a largo plazo lo que hace falta es productividad, y luego, más productividad, que difícil de alcanzar para el 36 % ( como poco) de empresas dedicadas al comercio, hostelería, turismo, agricultura, con muy escaso valor añadido lo que muestra un paisaje que no da muchas esperanzas con vistas al futuro que ya está aquí.
Lo lamentable es que para un mayor crecimiento crecimiento y eficacia de las empresas españolas el principal enemigo es el estado con su miríada de barreras administrativas, legales y fiscales que han creado un ambiente imposible. De la falta de formación y preparación de empresarios y trabajadores hablaremos en otra ocasión, que el asunto tiene importancia.
