MONSTRUO DESPILFARRADOR

Publicado en LA GACETA de INTERECONOMIA,

5 marzo 2012

Hace más de tres décadas, para salvar una situación política concreta, se inició la creación del Estado Autonómico, transfiriendo casi todas las funciones centrales a niveles regionales. Coincidiendo con el establecimiento del régimen democrático, en la mentalidad de las gentes ha quedado identificada la organización autonómica del Estado ligada al concepto de democracia, pero desde el comienzo, se cayó en la falsedad de aceptar inexistentes pasados históricos y a su sombra, se crearon Autonomías sin más base política que actuar de contrapeso frente a las demandas de los nacionalistas.

La creencia de considerar al centralismo como una lacra es insostenible, cuando es común en numerosos países, como Francia, Holanda, Austria, Japón o los tan admirados escandinavos. Otros, como Alemania, Suiza, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Australia, incluso el Reino Unido, se crearon como suma que edificaba una construcción nacional y no se acercan ni en sueños al sistema desintegrador español, asomado más al desgraciado ejemplo yugoeslavo. Con la falsedad de que el poder estatal centralizado era un lastre, éste fue sustituido por 17 administraciones, a las que les faltó tiempo para mimetizar la organización central con resultados opuestos a los pretendidos: provocaron la duplicidad de servicios, generaron más gasto y endeudamiento, fomentaron la desigualdad y multiplicaron los ámbitos de decisión política originando continuos enfrentamientos entre los intereses locales y los nacionales. Y a su sombra, creció un mundo de corrupción y clientelismo, que nos devuelve la España negra del caciquismo institucionalizado, donde los “barones” del poder administran sus Taifas regionales y condicionan la política nacional.

La afirmación generalizada de que las autonomías han sido fuente de progreso es una falacia que oculta su inmenso costo económico, cuya realidad se ha mostrado en el abismo deficitario creado. Se ha derivado hacia el crecimiento de un monstruo despilfarrador e insolidario donde el ciudadano se ve envuelto en una red de normativas que impiden la necesaria coordinación económica, dificultan la actividad comercial, limitan las posibilidades de trabajo fuera de una comunidad, condicionan la educación y levantan odios antes inexistentes. Todo a cambio de generar una deuda inmensa.

Todo el desvarío autonómico, derivada de una situación política que intentó garantizar la incorporación de los nacionalistas a las tareas comunes ha servido desde su inicio, justamente para lo contrario. En contadas ocasiones los nacionalistas han apoyado algo sin beneficio directo y peor aún, señalaron el camino a otros. Donde antes solo existían nacionalistas vascos y catalanes hoy tenemos ya a sus alumnos gallegos, canarios, navarros, mallorquines y aragoneses, amparados por una ley electoral que alimenta el sistema, todos ellos esforzados en una orgía de gasto y endeudamiento, despreciando la generación de recursos propios, con la seguridad de que los presupuestos del Estado se encargarían de cubrir los costos de una loca política económica.

Mientras, la Unión Europea y la globalización mundial tienden a la unificación de normas, mercados, titulaciones, y al empleo del inglés como lenguaje común, aquí seguimos el camino inverso. En España la merienda de negros hambrientos en que se ha convertido el concepto de Estado deriva a la imposible exigencia de conseguir políticos de suficiente preparación para mantener un nivel decoroso de 17 parlamentos, con sus respectivas consejerías y direcciones generales. Junto a ello sus representantes adoptan rango de paletos jefes de Estado, buscan su presencia individual en la comunidad internacional, se añade la imposición del idioma lugareño ahuyentando empresas, docentes, funcionarios o médicos por exigencias lingüísticas. Se usan traductores para los asuntos más nimios, se subvencionan estudios de localismo diferencial, se desprecia la Constitución y se amenaza con la segregación e insumisiones fiscales. Y así, tras un esperpéntico desfile de despropósitos, todas construyen identidades falsas sobre inexistentes pasados gloriosos, venerando banderas e himnos que son remedos del folklore popular.

Ninguna nación moderna puede sobrevivir ahogada en un mar de decisiones contradictorias, donde primero han de colmarse las ansias locales y luego los proyectos de alcance nacional. No hay posibilidad de mantener funciones, obligaciones, derechos comunes ni recursos económicos capaces de sostener diecisiete parlamentos con poderes legislativos propios, y una dispersión de normas y gastos cuya realidad más trágica se nos ha mostrado al surgir una crisis a escala mundial que solo en el último año, en plena crisis económica, ha incrementado sus deudas en casi 18.000 millones de euros, ignorando cualquier sentido de previsión y sensatez. En este contexto, se pide al Estado que resuelva una situación dramática, cuando éste carece de los medios para hacerle frente, tras haber cedido sus poderes a la irresponsabilidad de múltiples organizaciones periféricas incapaces de aunar sus esfuerzos, pero generosas en gastar un dinero que ni siquiera tenían.

La pregunta final es obvia: ¿para qué ha servido el Estado de las Autonomías?

EL NAUFRAGIO ESPAÑOL

Publicado en DIARIO MONTAÑES; sabado 2 marzo 2012

                  Conviene recordar lo ocurrido hace poco en Italia. La arriesgada deriva de un crucero hacia la costa rocosa de un islote dirigido por un comandante orgulloso de mantener un rumbo sin advertir el riesgo, la falta de información y abandono de los pasajeros, la insuficiencia de las medidas de seguridad… todo ello constituyó un acúmulo de desatinos saldado con varios muertos, la pérdida millonaria del navío y las indemnizaciones económicas que deberá afrontar una compañía cuyo crédito ha quedado notablemente dañado. Aunque sonaran las señales de alarma, faltaron las decisiones firmes que se supone deben aportar quienes tienen el mando del buque y se hacen responsables de la seguridad del pasaje.

El hundimiento del Costa Concordia frente a la costa de la isla de Giglio es el trágico espejo que sirve como ejemplo de adónde ha derivado España bajo el mandato socialista. El viaje político iniciado hace años condujo a un anunciado desastre, ignorando la alarma de muchos pasajeros, tripulantes y observadores exteriores. El empeño en mantener una deriva peligrosa, pese a la incertidumbre de la misma y a las advertencias del error ha conducido a un final dramático, arrastrando en su naufragio, la riqueza, el prestigio de España y el bienestar de los españoles. Quienes señalaban el peligro, eran saboteadores a los que se llamó antipatriotas y se hizo lo imposible por desacreditar o silenciar sus avisos. Y los observadores que señalaban la situación exacta de los escollos y las medidas por tomar, eran desoídos, por un gobierno empecinado hacia un final previsible.

España se ha visto embarrancada en una catastrófica situación producto de muchas causas: mientras en el mundo estallaba las primeras alarmas financieras, aquí se atribuyeron los males a la industria de la construcción y al empeño en adquirir de viviendas por familias con ingresos limitados, a quienes los bancos concedían hipotecas de una forma irresponsable, confundiendo los síntomas con las causas. La alegría de un mundo barato, donde el esfuerzo se ignoraba, precipitó a la sociedad en una espiral de consumo sin atender sus ingresos reales. Todo ello se vio acompañado por la gestión de un gobierno que tomaba decisiones despilfarrando recursos, eludiendo cambios, comprometiendo al país, en una loca timba de gasto y borrachera de dinero público.

La lluvia de escandalosos deudas contraídas por decisiones tomadas por diferentes ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos ha conducido a España a una situación económica crítica, como resultado de inversiones en proyectos faraónicos, creación de miles de empresas públicas repletas de empleados con afinidades políticas, subvenciones generosas a proyectos ridículos, duplicidades administrativas, instrumentalización de la justicia para ocultar sus desmanes, ocupación políticas de los consejos directivos de las entidades de ahorro… Todo un mundo donde el dinero público se gastaba en inversiones para satisfacción de los protagonistas que regían la administración del Estado. Así España, dividida en diecisiete gobiernos generadores de deuda a las que nadie ponía coto, se convirtió en el país europeo con mayor red de trenes de alta velocidad uniendo capitales de provincia, el mayor número de aeropuertos sin tráfico, la más extensa red de televisiones autonómicas que a nadie interesan, la construcción de puertos e instalaciones deportivas y empeños seudo culturales donde se esconde un número escandaloso de inversiones inútiles y se alcanza el record occidental de desempleados bajo la indiferente mirada de unos sindicatos obsoletos.

Hemos visto al capitán del Costa Concordia encarcelado y a la espera de juicio por su irresponsabilidad. Pero en España, nadie ve a dirigente político alguno ser juzgado por su cadena de irresponsabilidades; por haber ocultado en más de un 30 % las cifras de déficit anunciadas al Parlamento y al Gobierno que le sucedió ; por los daños causados por leyes infames; por nombramientos que corrompieron la justicia; por el deterioro de la imagen exterior del país; por la búsqueda de exóticas alianzas internacionales; por los gastos inútiles fomentados desde ministerios cuyos dirigentes cerraban negocios en gasolineras; por la marginación de las familias de más de mil víctimas del terrorismo mientras sus asesinos se sentaban en las mesas de negociaciones; por ser testigos pasivos de cómo desaparecían miles de empresas y cinco millones de españoles quedaban sin trabajo y por fomentar la división de los españoles en pasados históricos que nadie quiere revivir.

Esta es la realidad que reproduce en las tierras de España reflejada el desastre ocurrido en las aguas del mar Tirreno. Esa es la herencia del iluminado “Gran Timonel” y su tripulación canallesca. Aunque, condecorados con grandes cruces de Carlos III, el sentido común les situaría mejor ante un tribunal de justicia por su herencia envenenada.