EL ESFUERZO DEL MINISTRO WERT

Publicado en LA GACETA de INTERECONOMIA el 26 abril 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde los tiempos del cojo Manteca, cuya preocupación educativa se manifestaba destruyendo farolas, no habíamos tenido ocasión de ver tanta algarada juvenil salvo en actos de enfrentamientos deportivos y desmanes de los antisistema. El ministro Wert pretende reconducir el sistema educativo español. Para ello intenta que la formación mejore por la vía del esfuerzo y la consideración del mérito. Aunque aún no se ha anunciado la reforma de los contenidos, la universalización de las materias y la adecuación del profesorado, ha faltado tiempo para que las calles se llenasen de revueltas y profesionales de la agitación a las que la enseñanza les tiene sin cuidado.
Durante décadas no ha habido manifestación alguna demandando mejoras en el sistema educativo. Cada vez que un informe internacional advertía de la baja calidad de la enseñanza española, ninguna organización mostró públicamente su preocupación: ni sindicatos de profesores, ni alumnos, ni asociaciones de padres salieron a la calle demandando cambios. Pese a las continuadas luces de alarma, la educación ha proseguido su constante degradación y el único intento de reconducirla – la reforma pretendida por la ministro Castillo — fue inmediatamente derogada por el último gobierno socialista, que prefirió llenar las aulas de estudiantes, banalizar los contenidos y degradar la figura de profesores sometidos al chantaje de alumnos que desafiaban su autoridad y entorpecían el desarrollo de una actividad docente normal.
Así se ha derivado a un sistema educativo que reiteradamente obtiene las últimas posiciones en los niveles de control que nos muestran los informes internacionales elaborados por la OCDE y la Unión Europea. Año tras año, España se posiciona entre los farolillos rojos en conocimientos matemáticos, en comprensión lingüística o en capacidad de expresión escrita.
No vale la escusa de considerar la inmigración como factor desestabilizador, que es un fenómeno muy reciente, como tampoco la dedicación económica. La inversión en educación no se mide solo por factores monetarios sino por la calidad que se aporta y los resultados que se obtienen a cambio. Llenar las aulas de ordenadores o de pizarras informáticas no garantiza, ni mucho menos, una adecuada educación. Internet facilita el acceso a la información pero puede ser una herramienta que haga olvidar la necesidad del esfuerzo, la memorización y la elaboración de ideas. De hecho ya se ha advertido que la generalización de los ordenadores no solo no implica mejor educación, sino que puede constituir un lastre para la misma. El niño acostumbrado al manejo de consolas para el juego, puede que no distinga que es una herramienta para el estudio, no un simple divertimento. Aunque se han multiplicado los centros de enseñanza primaria, el nivel mayor de degradación asienta en la secundaria, precisamente en los años en que la personalidad del adolescente y las bases del conocimiento son los más importantes. Es en los institutos donde florece la indisciplina y el abandono del esfuerzo y los profesores son los mejores testigos de un fracaso educativo, los restos de cuyo naufragio recogerán las universidades. Por mucho que se insista en que la educación es un derecho, resulta estéril sino se acompaña de una exigencia de esfuerzo y disciplina, a quienes la reciben o por quienes la imponen. De poco sirve aumentar el número de aulas o y reducir el número de alumnos por profesor sino se contemplan los contenidos. Es inútil mantener un número elevadísimo de universidades, ninguna de las cuales figura entre las ciento cincuenta primeras del mundo, con un índice de abandono del 30 %, lo que supone una elevadísima pérdida de recursos.
Por otra parte, los datos objetivos muestran que la enseñanza concertada es más barata y, con frecuencia, de mayor calidad que la estrictamente pública. Nada tiene de extraño, por tanto, que los padres, si pueden elegir, escojan las instituciones privadas, paguen academias para compensar las deficiencias o se matriculen en costosos masters que completen las carencias de la formación universitaria. Pero las prevenciones ideológicas, superan la realidad y mientras debatimos entre la conveniencia de incluir asignaturas doctrinarias, inmersiones lingüísticas o se limita la autoridad del profesor, otros países siguen progresando, sin detenerse en debates ideológicos.
Al final la realidad muestra que un país con escasa formación, está condenado a no sobrevivir en un mundo donde la educación es la premisa básica para el progreso. Seremos mano de obra barata, esclavos del siglo XXI al servicio de quienes sí cuidaron la formación de sus ciudadanos.

¿NO TIENE USTED DECENCIA?

Publicado en LA GACETA de INTERECONOMIA el 8 abril 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Alemania un ministro dimitió por haber copiado parte de su tesis en sus años de juventud universitaria, hace unas semanas lo hizo el presidente Wulff por haber recibido una serie de regalos y aceptación de un coche de lujo… y ahora , se descubre la copia de una tesis doctoral que provoca la dimisión del presidente de Hungría. En Inglaterra, otro ministró cesó por no haber pagado una multa de tráfico ocurrida diez año atrás. En Estados Unidos, un presidente fue expulsado de su cargo por haber mentido a los jueces que le interrogaron y varios de sus consejeros – equivalentes a ministros en el sistema europeo – fueron encarcelados por encubrimiento de prácticas ilegales realizadas en la Casa Blanca. En Francia, los ex presidentes Giscard y Chirac, envueltos en escándalos financieros, debieron someterse a los tribunales de Justicia.
En este país, el estraperlo de la postguerra, el aceite de Redondela, el caso Matesa, y otros escándalos económicos se solucionaron con la condena de algunos testaferros, mientras quedaban indemnes los mayores responsables. En la España actual nadie se ha visto obligado a dimitir como consecuencia de una actividad económica inmoral. Hay que remontarse a los viejos tiempos republicanos cuando cayó el gobierno Lerroux por escándalo de las ruletas trucadas y los regalos que dieron origen al estraperlo, o mucho más atrás, cuando el duque de Lerma fue públicamente ajusticiado por enriquecimiento ilícito.
Los años del socialismo felipista fue época de continuada corrupción iniciada en un despacho del hermano del vicepresidente Guerra distribuyendo favores a cambio de dinero, al que siguieron los escándalos originados en la Dirección de la Guardia Civil, la inmobiliaria PSV patrocinada por la UGT, la opacidad del caso de Banca Catalana, el Boletín Oficial del Estado, el comportamiento del Banco de España y su presencia en la ciénaga de Ibercorp, la Comisión de Valores de Bolsa, el asunto Filesa, la Expo de Sevilla, las torres Kio, la construcción del Ave… y fueron necesarios largos procesos para que sus responsables acabasen encarcelados, pero durante largo tiempo se les amparó fervientemente bajo un manto de presunción de inocencia. Ahora, Andalucía hierve en una caldera de corrupción por el continuado desvío de fondos públicos en provecho de los políticos locales. Desde las subvenciones a los hijos del presidente Chávez, hasta la desviación de los dineros dedicados a los desempleados, desde los sobornos de Mercasevilla, hasta la elaboración de informes fraudulentos. Por una casta política asentada en su moderno sultanato.
En los últimos tiempos, el uso del poder y la relación con la distribución del favor económico y de la influencia dirigida ha tenido su mayor esplendor en la Agencia Intermoney, epicentro de los mayores escándalos dirigidos con la connivencia de los responsables políticos, cuyos tentáculos incluían el asalto al BBVA, la OPA de Gas Natural a Endesa que acabó con la mayor compañía energética española en manos italianas o con los turbios asuntos de la operación Gurtel, la corrupción generalizada bajo el manto de la Junta de Andalucía y las actividades del duque de Palma y su entramado de empresas asesoras. Ahora, junto al derrumbe económico del país, sabemos que un ministro negociaba sus comisiones en las gasolineras, algunos se enriquecían con negocios de hípica e intercambios inmobiliarios, mientras otros, más sagaces, se aseguran puestos millonarios en consejos de administración de empresas eléctricas a las que favorecieron con sus decisiones de ordenación energética o pasan a ser miembros del Consejo de Estado, al cual hundieron en una catástrofe económica.
En Estados Unidos al final de los años cincuenta un viejo senador casi desconocido, Joseph Welch, plantó cara al temido McCarthy que había desatado en su país una caza de brujas y una política de terror en los ambientes políticos y culturales mediante la utilización de documentación y amenazas falsas:
–¿No le queda a usted un mínimo de decencia?
Fue suficiente. No hubo que recurrir a tribunal alguno. El sentimiento de la decencia, firmemente anclado en el ser humano, se convirtió en el arma principal para arrinconar a un inquisidor que había utilizado su poder para amedrentar a un país.
No es el caso de España, donde es un valor oculto, arcaico, casi vergonzoso. Ya que no la justicia, al menos, alguien debería preguntar a cualquiera de los responsables donde guardan el más elemental sentido de la decencia. Pero tengan por seguro, que en un país donde testificar ante un tribunal es tan solo un trámite desagradable, donde el falso testimonio no se tiene en cuenta, y donde la fidelidad de la tribu es más firme que los principios éticos más elementales, no ocurrirá nada. Todo lo más, el llamado “pago político”, que apartará al condenado de su actividad pública, pero nunca la devolución del dinero robado.
Denlo por hecho.

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