EL INCIERTO FUTURO DE VALDECILLA

                                                                                                                                     Publicado enEl  Diario   Montañes, domingo 12 agosto 2012

              Nuevamente surge el problema de cómo finalizar el hospital Valdecilla. Completar la –por ahora — última fase, supone un costo económico imposible de pagar con los recursos de la comunidad cántabra. Se insiste en pedir a la administración central que inyecte más dinero, como si en plena crisis de dimensiones colosales, las arcas públicas estuviesen dispuestas a financiar el sueño de unos políticos locales que trece años más tarde siguen alimentando sus fantasías. Ahora, se rescinde el contrato con los constructores y se anuncia un nuevo concurso de contratación con la condición añadida de diferir el pago de las obras hasta su terminación junto a una tímida privatización de servicios secundarios. Es decir, se abre otro período de licitación pública y se promete un nuevo horizonte: el 2015. Lo mismo se dijo hace trece años y después de tres gobiernos centrales, cuatro autonómicos, ocho ministros de Sanidad, seis gerentes y más de una decena de directores médicos, seguimos construyendo el mejor hospital del mundo mundial que muestra sus deficiencias, y alberga serias dudas sobre la viabilidad de todo el conjunto.

             Pese a las advertencias que reiteradamente muchos hicimos, el gobierno autonómico abordó el proyecto de un nuevo Valdecilla con una inversión inicial de 205 millones de euros — 34.000 millones de pesetas — cantidad agotada ya el año 2007. Desde entonces se han rectificado los costos al alza, hasta alcanzar un desfase de otros 150 millones — 30.000 millones de pesetas — escandalosa cifra que se aproxima al doble de lo inicialmente presupuestado. Ahora se ha descubierto que, además, en 2008 se gastaron 43 millones de euros — más de siete mil millones de pesetas — para excavar 20.000 metros cuadrados de uso indeterminado. Y, hablamos tan solo de obra civil, de ladrillos y vigas para entendernos; nadie contempla el gasto del mobiliario y la dotación tecnológica que debe acompañarlo, sin la cual un hospital no es absolutamente nada. Va a ser muy difícil explicar de dónde van a obtenerse los millones que se deben y los necesarios para proseguir un proyecto que desde el comienzo mostró su sinsentido.

             ¿Es este el ejemplo de eficiencia por la gestión de los responsables de la sanidad en Cantabria?. ¿Cómo se explica que, tras varios años, se detecten fallos que hace inoperativo un hospital?. ¿Quién asume la responsabilidad del inmenso costo añadido y del retraso que se anuncia?. ¿Quién va a explicar el pozo sin fondo de dinero empleado en realizar una obra desproporcionada para las necesidades de una región donde ya existen otros cinco hospitales públicos?. ¿Quién defenderá que sean precisas las restricciones en Sanidad mientras persista el empeño de proseguir la construcción del faraónico centro médico?. ¿Quién justificará que se mantenga durante más de una década y media a centenares de profesionales en un caos organizativo con el consiguiente desánimo y desmotivación?.¿Quién razonará la ausencia de previsión hacia los miles de enfermos que necesitan hospitalizaciones prolongadas o los constantes retrasos de las listas de espera?.¿Cuánto costará, en fin, la mayor insensatez en que se ha embarcado la Autonomía de Cantabria?.

              Desde que Cantabria se convirtió en Comunidad Autónoma ha cesado el flujo de enfermos que acudían a Valdecilla como centro médico de referencia: País Vasco, Galicia, Castilla, la Rioja y Asturias. En muchos de estos lugares han surgido nuevos hospitales años después de iniciarse la actual renovación del nuestro. Burgos, por ejemplo, inició en 2005 la construcción de un centro médico, ya inaugurado, de 678 camas, con un costo de 230 millones de euros, incluyendo el equipamiento tecnológico, dos tercios de lo que Valdecilla lleva gastado en albañilería.

            Existen numerosos ejemplos de hospitales que mejoran su calidad y reducen sus costos con una gestión privada, manteniendo la titularidad pública. Pero va a ser difícil, pese a cualquier nueva inyección económica, que Valdecilla vuelva a ser un centro de prestigio, sin abandonar su actual patrón de gigantesco ambulatorio y retomar su función fundamentalmente hospitalaria capaz de unir la sensatez en el gasto con la calidad asistencial. Quizás la única solución, hasta que con valentía y realismo se aborde una profunda reforma de la Sanidad pública, sea reconocer nuestras limitaciones y devolver las competencias sanitarias al Estado central, de donde, dicho sea de paso, nunca debieron desligarse. Al fin y al cabo, Valdecilla fue un centro de referencia nacional con gobiernos centralizados y su declive se inició al recluirse en el estrecho ámbito autonómico.

MINEROS EN LAS CALLES

Publicado en Diario Montañes, sábado 21 julio 2012

  Una parte de los 9.000 empleados directos en la minería astur leonesa recorrieron las calles de Madrid recibidos por banderas republicanas y toda la liturgia simbólica de un comunismo desaparecido en todo el mundo, salvo en los paraísos de Cuba y Corea del Norte. Antes habían manifestado su protesta cortando autovías y líneas de ferrocarril y lanzando proyectiles cargados con dinamita sobre la policía.
Desde hace décadas el carbón español tiene escasa utilidad. Su calidad es baja y los costos de extracción son tan elevados que no pueden competir con el obtenido en los yacimientos de Europa oriental, sudafricanos o chinos. Su consumo ha decaído, reemplazado por fuentes energéticas más rentables y de mejor calidad. La electricidad, el gas y la energía solar o nuclear han sustituido la necesidad de extraer hulla o antracita de pobre calidad de las entrañas de la tierra. Pese a ello, la minería española del carbón, desde hace muchos años, está generosamente subvencionada para sostener una ficticia actividad económica pagada con los impuestos de todos los ciudadanos. Las cifras son demoledoras: más de cinco millones de euros por cada puesto de trabajo.
Sagunto, Vigo, Bilbao, Cartagena y Cádiz fueron escenarios de luchas contra reconversiones industriales y nuevas formas de actividad económica sustituyeron a empresas no productivas. La ría del Nervión ya no es la senda de humos que acompañaba a su industria metalúrgica desmantelada.

Millones de españoles se desesperan por la pérdida de su trabajo habitual, miles viven bajo la amenaza de un posible ERE y otros ven reducidos sus sueldos, pero los subvencionados mineros del Bierzo y valles asturianos pretenden mantener su actividad prehistórica y que el resto de los ciudadanos les garantice sus ingresos. Por mucho que los dinosaurios sindicales, los desocupados de las proclamas antisistema y los añorantes de revoluciones proletarias les manifiestan su apoyo, ha habido tiempo suficiente para que quienes durante décadas disfrutaron de altos salarios dedicados a una actividad sostenida con el esfuerzo de quienes iban perdiendo sus trabajos, cambien sus hábitos laborales. La imagen mística del minero, enfermo de silicosis, expuesto a terribles riesgos, pertenece al pasado. Los albañiles o los transportistas sufren hoy más accidentes laborales sin disfrutar de los mismos beneficios, pero el minero enarbola el recuerdo y las amenazas de una revolución que tuvo lugar hace casi 80 años, cuya sangrante rebelión y represión anunció el inicio de una guerra civil.
En su día, las diligencias fueron sustituidas por el transporte motorizado, las carbonerías hace décadas que desaparecieron de las ciudades. Lo mismo ocurrió con muchos agricultores, con los trabajadores de los astilleros, siderurgia y altos hornos, con gran parte de los empleados de banca y otros muchos que vieron morir su actividad en múltiples reconversiones. De la misma forma que los peones camineros, los canteros, los pastores, los segadores, los herreros, los molineros o los extractores del mercurio de Almadén o del cinc en Reocín.

                Cuando se habla de progreso, de equiparación a Europa y de I+D, se debe tener en cuenta que ello conlleva el fin de actividades improductivas e innecesarias. Alemania cerró las minas de la cuenca del Rhur. Bélgica y Holanda han abandonado su minería y en Inglaterra y Alemania son actividades marginales. Es la realidad que debe contemplarse al anunciarse una reducción del 60 % de las subvenciones mineras que se mantendrán hasta el 2018, tiempo más que suficiente para hacer frente a los cambios necesarios, cuando el resto de España afronta recortes similares o mayores.
Y tras la algarada de las últimas semanas, hay que preguntarse algo más: ¿de dónde procede la dinamita utilizada en la protesta de los mineros?. ¿La adquieren en supermercados o es extraída de las explotaciones?. Porque si tan sencilla es su posesión, nada de extraño tiene que en su día, los explosivos usados en el misterioso 11-M procediesen de un subvencionado depósito asturiano. Y nadie podía garantizar que cualquier loco repitiera su trágico empleo.

HABLANDO DE RESPONSABILIDADES

Publicado en LA GACETA de INTERECONOMIA, el 6 de junio de 2012

          La lluvia de escandalosas deudas contraídas por decisiones tomadas en diferentes Ministerios, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos ha conducido a España a una situación económica crítica. Es el resultado de inversiones en proyectos faraónicos, creación de miles de empresas fantasmagóricas  repletas de empleados con afinidades políticas y sin cometido útil alguno, subvenciones generosas a proyectos ridículos, duplicidades administrativas… Todo un mundo donde el dinero público se ha gastado para satisfacción del ego y con frecuencia el bolsillo de los protagonistas políticos.

         Así España ha pasado a ser el país europeo con la mayor red de trenes de alta velocidad uniendo capitales de provincia, el mayor numero de aeropuertos sin tráfico, una generosa dotación de universidades incapaz  ni una sola de figurar entre las cien primeras del mundo, la mayor cantidad de empresas públicas empeñadas en proyectos inútiles, la más extensa red de televisiones autonómicas que nadie atiende, numerosos puertos e instalaciones deportivas y  empeños seudo culturales,  donde se esconde un número de inversiones millonarias, inútiles y de rentabilidad cuestionable. Las Cajas de Ahorro, en cuya dirección se situaron dirigentes políticos y representantes sindicales sin preparación profesional alguna, fueron las herramientas que sirvieron para financiar proyectos ruinosos ante la indiferente vigilancia de las autoridades del Banco de España. Los resultados de estas aventuras empresariales han quedado evidentes cuando, la mayor parte de estas entidades se asoma a la quiebra y arrastran deudas imposibles  de asumir con sus ingresos. A estos desmanes económicos, se añaden a los escándalos derivados de actuaciones urbanísticas, licencias de construcción, subvenciones, contrataciones y un cúmulo de irregularidades que ponen al descubierto escandalosos acuerdos y connivencias que acaban en las salas de los Tribunales. Allí, concejales, alcaldes, directores generales, consejeros, presidentes autonómicos  y un submundo de intermediarios, deben afrontar acusaciones por malversación de caudales públicos y enriquecimientos de más que dudoso origen, mostrando redes de corrupción que motivan la indignación social generalizada.

           Cualquier gasto público debe ser adecuadamente informado por los servicios técnicos correspondientes. Igualmente, requiere el  aval de los funcionarios de intervención y de una serie de responsables de la maquinaria administrativa  pública, cuya misión es, precisamente, dar el visto bueno  a los proyectos o decisiones de origen político. Sin embargo, rara vez, se verá a un funcionario público encausado por las acusaciones que se formulan contra los dirigentes políticos que gobernaron los ayuntamientos, diputaciones y otros organismos donde se realizaron tales irregularidades. ¿Cuántos funcionarios de carrera – en sus diferentes niveles — han sido formalmente encausados por los continuos escándalos que salen a la luz?. ¿Qué pasó con quienes autorizaron gastos imposibles de cumplir, avalaron presupuestos quiméricos  o concedieron licencias de construcción claramente irregulares?.

           Los notarios de la función pública son los vigilantes  de que las administración funcionen con arreglo a la ley, desde un simple informe sobre las disponibilidades económicas presupuestarias,  a la revisión final que debe acometer el Tribunal Central de Cuentas.  Pero los retrasos en sus pronunciamientos son tales y tan asumidos, que acaban en la inutilidad. Los servicios de control público del gasto, hundidos en burocracia y lentitud, son también responsables de las irregularidades contables  aparecidas. La función de control de los representantes del Estado ha derivado a simples notas de advertencia que conducen, en su inoperancia, a la fácil toma de decisiones que vulneraron la legalidad o comprometen la seguridad jurídica de ciudadanos y empresas. Aunque los responsables últimos de cualquier situación de corrupción sean quienes la cometen, la lógica conduce a cuestionar también a quienes por su desidia, complicidad o inoperancia se hicieron también responsables.

         Las leyes están para ser cumplidas, y si se vulneran deberían abrirse expedientes de sanción a todos sus protagonistas, incluídos quienes autorizaron las actuaciones o silenciaron las irregularidades. Porque en definitiva, el político que desde el poder que le concede su cargo público se hace reo de una acusación, casi siempre se ha cobijado o ha buscado la complicidad de informes técnicos y visados administrativos favorables que las permitieron.

LA CULTURA DE SUPER MARIO

                                                                                                                                                                                                               Publicado en EL DIARIO MONTAÑES, 3 junio 2012

              El premio Príncipe de Asturias está considerado como el Nobel del mundo hispánico. A lo largo de su treinta años de existencia ha reconocido a personas e instituciones olvidadas por el galardón sueco, limitado a ámbitos literarios o científicos, y posee más rigor que el desprestigiado Nobel de la Paz, acostumbrado a premiar a muchos artífices de guerras y a políticos del momento.

Este año, el jurado  se ha pronunciado por un  desconocido informático japonés, el señor Miyamoto, creador de videojuegos, y entre ellos el popular fontanero Super Mario, bigotudo  protagonista principal de múltiples aventuras, de cuyo juego que se han vendido  400 millones del juego a lo largo y ancho del mundo, enriqueciendo a su creador y a la industria que lo comercializa. No es representante de la cultura japonesa, y no esgrime más violencia que la necesaria para escapar de los peligros. No fomenta ningún valor, solo pretende la simple distracción y habilidad en el manejo del teclado  de   una consola.  Dicen que se ha convertido en el personaje más famoso de los videojuegos  y su popularidad se extiende entre niños y adultos, que ocupan su ocio superando las pruebas que la memoria RAM del programa le permite y adjudicando puntos al jugador que lo maneja compulsivamente en la videoconsola.

Hasta hace poco, los dibujos animados de Walt Disney, –desde el Pato Donald a  Tom y Jerry — eran los iconos del mundo de la diversión. Hoy, los  Simpsons y Bob Esponja ocupan las cimas de la popularidad, junto a  “Super Mario”, el informatizado monigote saltarín, atrapado en el brillo de una pantalla LED. El  protagonista y su creador, han sido son reconocidos como Premio Príncipe de Asturias de Humanidades, a juicio del jurado, por sus méritos “didácticos, formativos y constructivos”. Casi nada. Quizás el próximo año se considere a los inventores de Facebook o de Twitter que, indiscutiblemente, han contribuido más a la comunicación entre los seres humanos. El galardón otorgado, le coloca al mismo nivel que el  concedido en otras ocasiones a Sánchez Albornoz, Laín Entralgo, Alain Touraine, la National Geographic Society o la Royal Society como reconocimiento a valores universales que se suponen marcan un hito en la Historia del pensamiento  nuestro tiempo. Y a fe, que esta vez el jurado ha dado en el clavo.

La cultura actual ya no premia  valores, ni se ocupa de profundizar en el reconocimiento de lo mejor del ser humano y de sus creaciones universales. Aunque, quizás sí. Vivimos la época de la banalización de la cultura, entendiendo esta, como cualquier manifestación donde igual da premiar la “nueva cocina” que a un filósofo o una sociedad científica. Igual da reconocer una trayectoria vital que una victoria puntual.  Ya en otras ocasiones se ha cuestionado la concesión del Premio a protagonistas de un momento concreto. Los casos de Fernando Alonso como piloto de Fórmula Uno, de Arancha Sanchez Vicario como tenista o de las victoriosas selecciones españolas de futbol y baloncesto,   son exponentes claros de la simplificación del galardón, poniéndole a la altura del que  podría otorgarle un diario deportivo en su convocatoria anual:  la Bota de Oro o el Pichichi de turno.  Con anterioridad,  se ha mezclado al matemático Hawkins con Cáritas y Adolfo Suárez, a Mandela y Gorbachov  con Al Gore, y se han premiado  los méritos artísticos de Tápies, Muti y Moneo junto a Woody Allen, Bob Dylan o Fernando Fernán Gómez.

Las ciencias humanísticas, tan abandonadas por la sociedad actual, han encontrado su icono en la convocatoria de este año. Aunque los galardones están concebidos para premiar la sabiduría o el mérito a una trayectoria, en ocasiones se reconoce lo que la notoriedad que el  momento considera deseable. “Super Mario” y su creador  quedarán señalados con letras doradas cuya efeméride el tiempo oscurecerá. Es lástima que el jurado no haya considerado al inventor de la muñeca Barbie  como Premio a las Ciencias Sociales, al chupa-chups como valor  de Cooperación Internacional o a la maquinilla para depilar las piernas como reconocimiento científico de amplio uso

En un mundo donde los valores se apartan, nada tiene de extraño que se incluya la banalización de la cultura o que incluso la cantante Shakira figurase entre los candidatos del año en curso. Pocas veces, en vez de premiar la sabiduría, se homenajea lo banal, por muchos megabytes que se escondan tras ello.

Cultureta del momento a la que no puede escapar un jurado coherente con la época en que vive.

EL GRAN LEVIATAN

Publicado en LA GACETA de INTERECONOMIA el 9 de mayo de 2012

        A veces quienes dirigen la economía mundial sorprenden con declaraciones dignas de un catálogo de horrores. La presidente del FMI ha pedido retrasar la edad de jubilación conforme aumente la esperanza de vida y aplicar simultáneamente una bajada de las pensiones con el fin de mantener un sistema que permita sostener con cotizaciones más prolongadas a una población envejecida. Así, los ciudadanos no solo han de trabajar más años pagando una parte sustancial de sus ganancias y su esfuerzo, sino que además, cuando esperen verse atendidos, el Estado de Bienestar que contribuyeron a mantener, les reducirá las aportaciones y sus servicios. Y todo ello argumentando la presencia de un inexorable envejecimiento de la población “inesperado” – según la presidenta del FMI – y que implica un grave “riesgo financiero para los gobiernos” (sic). Si se llega a conclusiones de tal calibre, mejor será que nos replanteemos todo desde el principio. Por ejemplo, por qué debe sostenerse globalmente a un Estado de Bienestar, convertido en situación de pesadilla, que pretenda asegurar una situación cuyo final es trabajar más años para recibir menos prestaciones a lo largo de una vida más larga.

          De momento es la última aportación sugerida ante el aumento demográfico y la imposibilidad de atender a todos, aunque aún pueden proponerse medidas más drásticas: si alguien viviese más tiempo del que las estadísticas señalan, podría procederse a una proporcional reducción de las pensiones con el fin de no desestabilizar el sistema de garantías sociales. De ser así, lo mejor será llamar a las cosas por su nombre: el actual Estado de Bienestar es insostenible y cada vez su situación se hará más crítica. El reconocimiento de esa realidad, llevará a que sea el propio ciudadano quien deba preocuparse de su futuro, sin seguir aportando una parte sustancial de sus ingresos para mantener un sistema condenado a la quiebra.

             En la antigua Grecia, se forzaba la emigración en busca de nuevos asentamientos cuando, en épocas de carestía, ocurrían excesos de población. En Roma se esclavizaba por deudas impagadas. Como se ve, nada hay nuevo bajo el sol: emigrar, vivir amarrado a la hipoteca, perder la empresa o el trabajo, son hechos que siempre ocurrieron. En la Edad Media, los siervos dependían por completo de sus señores feudales, a quienes entregaba gran parte de su trabajo, a cambio de que les defendieran ante las amenazas. Era un sistema de cobertura social que funcionó durante siglos. La misma Alemania que inició la sustitución de la caridad por una misión a cargo del Estado, en su época nazi eliminaba a aquellos que supusieran cargas o se consideraban incurables inasumibles. Ahora somos más civilizados: les hacemos trabajar más para pagarles menos y que sean capaces de sostener las cuentas del Estado. No importa tanto el bienestar de los ciudadanos sino mantener la “salud financiera” de los gobiernos. La máquina gubernamental se convierte en un poderoso Leviatán que mantiene, dentro de los límites acotados por estudios estadísticos, a una población inerme, un mundo orwelliano donde el Gran Hermano vela por todos.

           En sociedades que alcanzan un nivel económico suficiente para satisfacer sus necesidades e incluso otras prescindibles, la labor asistencial del Estado podría limitarse a cuidar de los realmente desfavorecidos y reducir las tributaciones que ahogan la iniciativa privada y el crecimiento económico. En vez de dedicar una gran parte de los recursos generados por el propio trabajo en mantener estructuras ineficientes, ¿por qué no se libera al ciudadano de esas cargas o se deja a la iniciativa privada la asunción de éstas cargas?. La sanidad, la educación, la vivienda, las jubilaciones se consideran derechos básicos, pero también es una necesidad primaria la alimentación y a nadie se le ha ocurrido – por el momento – que el Estado asuma el control de los supermercados. Entretanto, otros países, sin las presiones sociales que soportan los viejos gobiernos europeos, avanzan económico a la primera línea de prosperidad y sus ahorros están contribuyendo a salvar el naufragio global de las depauperadas economías occidentales.

          Mientras, una población asfixiada por el gasto público e incapaz de prosperar en función del trabajo personal, mira con horror a la prima de riesgo, las agencias de rating, la cotización del euro, la deuda y el déficit público, etc…que condicionarán el nivel de impuestos que ha de sufrir. Es decir que el mundo está volviendo a sus orígenes: lo importante es el Estado, que cuida del pueblo mientras este se desloma construyendo pirámides para gloria del Faraón.

LA TRAGALA

Publicado en el DIARIO MONTAÑES, 3 mayo 2012

Se ha sabido, gracias a  un   comunicado, porque a estas noticias no hay presidente del gobierno, ministro o director general que se atreva a ponerles rostro, que existe el proyecto de iniciar una reinserción social de los etarras encarcelados a través de aulas donde se les inculcarían valores cívicos y democráticos, con el fin de facilitar su apartamiento de la banda, su arrepentimiento e incluso su reinserción a la vida laboral una vez excarcelados.
Tras un periodo sin más víctimas que las que se sienten amenazadas o coaccionadas en su propia tierra, finalmente se ha decidido claudicar. Aquellos años de hierro, en los que se llegaban a contabilizar más de 100 muertos al año por asesinatos, la época del secuestro, el tiro en la nuca, el ametrallamiento, el coche bomba o la voladura de casas cuarteles y supermercados queda para el recuerdo de sus víctimas.
Los presos de ETA, que siempre gozaron de notables privilegios en las cárceles, por decisiones políticas y por temor de los funcionarios, se han mostrado en su inmensa mayoría inmunes a cualquier signo de arrepentimiento. Los gestos de soberbia al ser juzgados, los brindis tras los atentados en sus propias celdas, los comunicados detectados de aliento en la lucha hasta el final… son las manifestaciones de cómo entienden lo que siempre consideraron una guerra de liberación contra la potencia opresora. Han pasado cuarenta años y en el camino han quedado más de 1000 víctimas. La mayor parte de ellas, fueron enterradas rodeados de declaraciones pomposas y el lloro de sus allegados. Gobierno tras gobierno aseguraron que los asesinos serían perseguidos y cumplirían sus penas, pero la realidad es que, de una forma u otra, todos han tratado de establecer contactos con ETA para que esta dejase de matar. En unos casos, la actitud del gobierno fue más decidida, en otros absolutamente dócil, y lo único que obtuvieron fue la ocupación de una gran parte de las instituciones vascas a cambio de nada.
Hemos vivido varias treguas, todas ellas rotas con un nuevo atentado. Se ha dialogado con asesinos fugados, se ha tolerado que comisiones de supuestos valedores internacionales abogasen por los etarras, ha habido centenares de manifestaciones y actos de protesta contra cualquier política de claudicación ante ETA. Todo inútil. La realidad es que, con un Chaos y un Ternera en inútil busca y captura, con Bildu asentada en la cúspide de los centros de poder del País Vasco, con el constante cuestionamiento de la doctrina Parot y con iniciativas como la que ahora se anuncia, un etarra no necesita esfuerzo alguno en arrepentirse. De hecho le ha ido tan bien en su actitud, que será recibido como mártir y como héroe en una próxima y segura excarcelación. Y todo ello por no mantenerse firme no solo en las promesas electorales, sino en lo que el sentido común más elemental demanda: las penas por delitos de terrorismo están elaboradas para ser cumplidas, como castigo que la sociedad, a través de los jueces, impone a quienes atentaron sangrientamente contra la libertad y el derecho a la vida. Una condena centenaria, no puede convertirse en diez años de cárcel y excarcelación por buen comportamiento. La responsabilidad por las muertes y daños causados no puede conmutarse con la simple promesa de no volver a hacerlo. Por un delito contra la propiedad y varios intentos de fuga, un pobre diablo, se pasó varias décadas en las cárceles españolas hasta ser indultado en su vejez.
Ahora se anuncia lo que tiene todo el aspecto de una nueva claudicación y los etarras encarcelados vuelven a constituirse en moneda de cambio para una supuesta victoria sobre la banda terrorista. Pero si el gobierno muestra el menor signo de indecente clemencia, cede al chantaje y la presión de quienes nunca se arrepintieron de sus crímenes que aparezca en público quien así lo asume, para que la sociedad española pueda poner rostro a quien pasará a la historia de la ignominia.
Nadie, salvo sus cómplices, piden que un etarra sea liberado, ni que se le faciliten aulas de reeducación, rememorando el esperpento que Stanley Kubrick ensayó en su película “La naranja mecánica”. Los asesinatos no pueden tratarse con clases, reconversiones ni zarandajas. Y si un Gobierno inicia este camino, desgraciadamente intentado en el pasado es volver a una trágala.

EL ESFUERZO DEL MINISTRO WERT

Publicado en LA GACETA de INTERECONOMIA el 26 abril 2012

Desde los tiempos del cojo Manteca, cuya preocupación educativa se manifestaba destruyendo farolas, no habíamos tenido ocasión de ver tanta algarada juvenil salvo en actos de enfrentamientos deportivos y desmanes de los antisistema. El ministro Wert pretende reconducir el sistema educativo español. Para ello intenta que la formación mejore por la vía del esfuerzo y la consideración del mérito. Aunque aún no se ha anunciado la reforma de los contenidos, la universalización de las materias y la adecuación del profesorado, ha faltado tiempo para que las calles se llenasen de revueltas y profesionales de la agitación a las que la enseñanza les tiene sin cuidado.
Durante décadas no ha habido manifestación alguna demandando mejoras en el sistema educativo. Cada vez que un informe internacional advertía de la baja calidad de la enseñanza española, ninguna organización mostró públicamente su preocupación: ni sindicatos de profesores, ni alumnos, ni asociaciones de padres salieron a la calle demandando cambios. Pese a las continuadas luces de alarma, la educación ha proseguido su constante degradación y el único intento de reconducirla – la reforma pretendida por la ministro Castillo — fue inmediatamente derogada por el último gobierno socialista, que prefirió llenar las aulas de estudiantes, banalizar los contenidos y degradar la figura de profesores sometidos al chantaje de alumnos que desafiaban su autoridad y entorpecían el desarrollo de una actividad docente normal.
Así se ha derivado a un sistema educativo que reiteradamente obtiene las últimas posiciones en los niveles de control que nos muestran los informes internacionales elaborados por la OCDE y la Unión Europea. Año tras año, España se posiciona entre los farolillos rojos en conocimientos matemáticos, en comprensión lingüística o en capacidad de expresión escrita.
No vale la escusa de considerar la inmigración como factor desestabilizador, que es un fenómeno muy reciente, como tampoco la dedicación económica. La inversión en educación no se mide solo por factores monetarios sino por la calidad que se aporta y los resultados que se obtienen a cambio. Llenar las aulas de ordenadores o de pizarras informáticas no garantiza, ni mucho menos, una adecuada educación. Internet facilita el acceso a la información pero puede ser una herramienta que haga olvidar la necesidad del esfuerzo, la memorización y la elaboración de ideas. De hecho ya se ha advertido que la generalización de los ordenadores no solo no implica mejor educación, sino que puede constituir un lastre para la misma. El niño acostumbrado al manejo de consolas para el juego, puede que no distinga que es una herramienta para el estudio, no un simple divertimento. Aunque se han multiplicado los centros de enseñanza primaria, el nivel mayor de degradación asienta en la secundaria, precisamente en los años en que la personalidad del adolescente y las bases del conocimiento son los más importantes. Es en los institutos donde florece la indisciplina y el abandono del esfuerzo y los profesores son los mejores testigos de un fracaso educativo, los restos de cuyo naufragio recogerán las universidades. Por mucho que se insista en que la educación es un derecho, resulta estéril sino se acompaña de una exigencia de esfuerzo y disciplina, a quienes la reciben o por quienes la imponen. De poco sirve aumentar el número de aulas o y reducir el número de alumnos por profesor sino se contemplan los contenidos. Es inútil mantener un número elevadísimo de universidades, ninguna de las cuales figura entre las ciento cincuenta primeras del mundo, con un índice de abandono del 30 %, lo que supone una elevadísima pérdida de recursos.
Por otra parte, los datos objetivos muestran que la enseñanza concertada es más barata y, con frecuencia, de mayor calidad que la estrictamente pública. Nada tiene de extraño, por tanto, que los padres, si pueden elegir, escojan las instituciones privadas, paguen academias para compensar las deficiencias o se matriculen en costosos masters que completen las carencias de la formación universitaria. Pero las prevenciones ideológicas, superan la realidad y mientras debatimos entre la conveniencia de incluir asignaturas doctrinarias, inmersiones lingüísticas o se limita la autoridad del profesor, otros países siguen progresando, sin detenerse en debates ideológicos.
Al final la realidad muestra que un país con escasa formación, está condenado a no sobrevivir en un mundo donde la educación es la premisa básica para el progreso. Seremos mano de obra barata, esclavos del siglo XXI al servicio de quienes sí cuidaron la formación de sus ciudadanos.

¿NO TIENE USTED DECENCIA?

Publicado en LA GACETA de INTERECONOMIA el 8 abril 2012

En Alemania un ministro dimitió por haber copiado parte de su tesis en sus años de juventud universitaria, hace unas semanas lo hizo el presidente Wulff por haber recibido una serie de regalos y aceptación de un coche de lujo… y ahora , se descubre la copia de una tesis doctoral que provoca la dimisión del presidente de Hungría. En Inglaterra, otro ministró cesó por no haber pagado una multa de tráfico ocurrida diez año atrás. En Estados Unidos, un presidente fue expulsado de su cargo por haber mentido a los jueces que le interrogaron y varios de sus consejeros – equivalentes a ministros en el sistema europeo – fueron encarcelados por encubrimiento de prácticas ilegales realizadas en la Casa Blanca. En Francia, los ex presidentes Giscard y Chirac, envueltos en escándalos financieros, debieron someterse a los tribunales de Justicia.
En este país, el estraperlo de la postguerra, el aceite de Redondela, el caso Matesa, y otros escándalos económicos se solucionaron con la condena de algunos testaferros, mientras quedaban indemnes los mayores responsables. En la España actual nadie se ha visto obligado a dimitir como consecuencia de una actividad económica inmoral. Hay que remontarse a los viejos tiempos republicanos cuando cayó el gobierno Lerroux por escándalo de las ruletas trucadas y los regalos que dieron origen al estraperlo, o mucho más atrás, cuando el duque de Lerma fue públicamente ajusticiado por enriquecimiento ilícito.
Los años del socialismo felipista fue época de continuada corrupción iniciada en un despacho del hermano del vicepresidente Guerra distribuyendo favores a cambio de dinero, al que siguieron los escándalos originados en la Dirección de la Guardia Civil, la inmobiliaria PSV patrocinada por la UGT, la opacidad del caso de Banca Catalana, el Boletín Oficial del Estado, el comportamiento del Banco de España y su presencia en la ciénaga de Ibercorp, la Comisión de Valores de Bolsa, el asunto Filesa, la Expo de Sevilla, las torres Kio, la construcción del Ave… y fueron necesarios largos procesos para que sus responsables acabasen encarcelados, pero durante largo tiempo se les amparó fervientemente bajo un manto de presunción de inocencia. Ahora, Andalucía hierve en una caldera de corrupción por el continuado desvío de fondos públicos en provecho de los políticos locales. Desde las subvenciones a los hijos del presidente Chávez, hasta la desviación de los dineros dedicados a los desempleados, desde los sobornos de Mercasevilla, hasta la elaboración de informes fraudulentos. Por una casta política asentada en su moderno sultanato.
En los últimos tiempos, el uso del poder y la relación con la distribución del favor económico y de la influencia dirigida ha tenido su mayor esplendor en la Agencia Intermoney, epicentro de los mayores escándalos dirigidos con la connivencia de los responsables políticos, cuyos tentáculos incluían el asalto al BBVA, la OPA de Gas Natural a Endesa que acabó con la mayor compañía energética española en manos italianas o con los turbios asuntos de la operación Gurtel, la corrupción generalizada bajo el manto de la Junta de Andalucía y las actividades del duque de Palma y su entramado de empresas asesoras. Ahora, junto al derrumbe económico del país, sabemos que un ministro negociaba sus comisiones en las gasolineras, algunos se enriquecían con negocios de hípica e intercambios inmobiliarios, mientras otros, más sagaces, se aseguran puestos millonarios en consejos de administración de empresas eléctricas a las que favorecieron con sus decisiones de ordenación energética o pasan a ser miembros del Consejo de Estado, al cual hundieron en una catástrofe económica.
En Estados Unidos al final de los años cincuenta un viejo senador casi desconocido, Joseph Welch, plantó cara al temido McCarthy que había desatado en su país una caza de brujas y una política de terror en los ambientes políticos y culturales mediante la utilización de documentación y amenazas falsas:
–¿No le queda a usted un mínimo de decencia?
Fue suficiente. No hubo que recurrir a tribunal alguno. El sentimiento de la decencia, firmemente anclado en el ser humano, se convirtió en el arma principal para arrinconar a un inquisidor que había utilizado su poder para amedrentar a un país.
No es el caso de España, donde es un valor oculto, arcaico, casi vergonzoso. Ya que no la justicia, al menos, alguien debería preguntar a cualquiera de los responsables donde guardan el más elemental sentido de la decencia. Pero tengan por seguro, que en un país donde testificar ante un tribunal es tan solo un trámite desagradable, donde el falso testimonio no se tiene en cuenta, y donde la fidelidad de la tribu es más firme que los principios éticos más elementales, no ocurrirá nada. Todo lo más, el llamado “pago político”, que apartará al condenado de su actividad pública, pero nunca la devolución del dinero robado.
Denlo por hecho.

MONSTRUO DESPILFARRADOR

Publicado en LA GACETA de INTERECONOMIA,

5 marzo 2012

Hace más de tres décadas, para salvar una situación política concreta, se inició la creación del Estado Autonómico, transfiriendo casi todas las funciones centrales a niveles regionales. Coincidiendo con el establecimiento del régimen democrático, en la mentalidad de las gentes ha quedado identificada la organización autonómica del Estado ligada al concepto de democracia, pero desde el comienzo, se cayó en la falsedad de aceptar inexistentes pasados históricos y a su sombra, se crearon Autonomías sin más base política que actuar de contrapeso frente a las demandas de los nacionalistas.

La creencia de considerar al centralismo como una lacra es insostenible, cuando es común en numerosos países, como Francia, Holanda, Austria, Japón o los tan admirados escandinavos. Otros, como Alemania, Suiza, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, Australia, incluso el Reino Unido, se crearon como suma que edificaba una construcción nacional y no se acercan ni en sueños al sistema desintegrador español, asomado más al desgraciado ejemplo yugoeslavo. Con la falsedad de que el poder estatal centralizado era un lastre, éste fue sustituido por 17 administraciones, a las que les faltó tiempo para mimetizar la organización central con resultados opuestos a los pretendidos: provocaron la duplicidad de servicios, generaron más gasto y endeudamiento, fomentaron la desigualdad y multiplicaron los ámbitos de decisión política originando continuos enfrentamientos entre los intereses locales y los nacionales. Y a su sombra, creció un mundo de corrupción y clientelismo, que nos devuelve la España negra del caciquismo institucionalizado, donde los “barones” del poder administran sus Taifas regionales y condicionan la política nacional.

La afirmación generalizada de que las autonomías han sido fuente de progreso es una falacia que oculta su inmenso costo económico, cuya realidad se ha mostrado en el abismo deficitario creado. Se ha derivado hacia el crecimiento de un monstruo despilfarrador e insolidario donde el ciudadano se ve envuelto en una red de normativas que impiden la necesaria coordinación económica, dificultan la actividad comercial, limitan las posibilidades de trabajo fuera de una comunidad, condicionan la educación y levantan odios antes inexistentes. Todo a cambio de generar una deuda inmensa.

Todo el desvarío autonómico, derivada de una situación política que intentó garantizar la incorporación de los nacionalistas a las tareas comunes ha servido desde su inicio, justamente para lo contrario. En contadas ocasiones los nacionalistas han apoyado algo sin beneficio directo y peor aún, señalaron el camino a otros. Donde antes solo existían nacionalistas vascos y catalanes hoy tenemos ya a sus alumnos gallegos, canarios, navarros, mallorquines y aragoneses, amparados por una ley electoral que alimenta el sistema, todos ellos esforzados en una orgía de gasto y endeudamiento, despreciando la generación de recursos propios, con la seguridad de que los presupuestos del Estado se encargarían de cubrir los costos de una loca política económica.

Mientras, la Unión Europea y la globalización mundial tienden a la unificación de normas, mercados, titulaciones, y al empleo del inglés como lenguaje común, aquí seguimos el camino inverso. En España la merienda de negros hambrientos en que se ha convertido el concepto de Estado deriva a la imposible exigencia de conseguir políticos de suficiente preparación para mantener un nivel decoroso de 17 parlamentos, con sus respectivas consejerías y direcciones generales. Junto a ello sus representantes adoptan rango de paletos jefes de Estado, buscan su presencia individual en la comunidad internacional, se añade la imposición del idioma lugareño ahuyentando empresas, docentes, funcionarios o médicos por exigencias lingüísticas. Se usan traductores para los asuntos más nimios, se subvencionan estudios de localismo diferencial, se desprecia la Constitución y se amenaza con la segregación e insumisiones fiscales. Y así, tras un esperpéntico desfile de despropósitos, todas construyen identidades falsas sobre inexistentes pasados gloriosos, venerando banderas e himnos que son remedos del folklore popular.

Ninguna nación moderna puede sobrevivir ahogada en un mar de decisiones contradictorias, donde primero han de colmarse las ansias locales y luego los proyectos de alcance nacional. No hay posibilidad de mantener funciones, obligaciones, derechos comunes ni recursos económicos capaces de sostener diecisiete parlamentos con poderes legislativos propios, y una dispersión de normas y gastos cuya realidad más trágica se nos ha mostrado al surgir una crisis a escala mundial que solo en el último año, en plena crisis económica, ha incrementado sus deudas en casi 18.000 millones de euros, ignorando cualquier sentido de previsión y sensatez. En este contexto, se pide al Estado que resuelva una situación dramática, cuando éste carece de los medios para hacerle frente, tras haber cedido sus poderes a la irresponsabilidad de múltiples organizaciones periféricas incapaces de aunar sus esfuerzos, pero generosas en gastar un dinero que ni siquiera tenían.

La pregunta final es obvia: ¿para qué ha servido el Estado de las Autonomías?

EL NAUFRAGIO ESPAÑOL

Publicado en DIARIO MONTAÑES; sabado 2 marzo 2012

                  Conviene recordar lo ocurrido hace poco en Italia. La arriesgada deriva de un crucero hacia la costa rocosa de un islote dirigido por un comandante orgulloso de mantener un rumbo sin advertir el riesgo, la falta de información y abandono de los pasajeros, la insuficiencia de las medidas de seguridad… todo ello constituyó un acúmulo de desatinos saldado con varios muertos, la pérdida millonaria del navío y las indemnizaciones económicas que deberá afrontar una compañía cuyo crédito ha quedado notablemente dañado. Aunque sonaran las señales de alarma, faltaron las decisiones firmes que se supone deben aportar quienes tienen el mando del buque y se hacen responsables de la seguridad del pasaje.

El hundimiento del Costa Concordia frente a la costa de la isla de Giglio es el trágico espejo que sirve como ejemplo de adónde ha derivado España bajo el mandato socialista. El viaje político iniciado hace años condujo a un anunciado desastre, ignorando la alarma de muchos pasajeros, tripulantes y observadores exteriores. El empeño en mantener una deriva peligrosa, pese a la incertidumbre de la misma y a las advertencias del error ha conducido a un final dramático, arrastrando en su naufragio, la riqueza, el prestigio de España y el bienestar de los españoles. Quienes señalaban el peligro, eran saboteadores a los que se llamó antipatriotas y se hizo lo imposible por desacreditar o silenciar sus avisos. Y los observadores que señalaban la situación exacta de los escollos y las medidas por tomar, eran desoídos, por un gobierno empecinado hacia un final previsible.

España se ha visto embarrancada en una catastrófica situación producto de muchas causas: mientras en el mundo estallaba las primeras alarmas financieras, aquí se atribuyeron los males a la industria de la construcción y al empeño en adquirir de viviendas por familias con ingresos limitados, a quienes los bancos concedían hipotecas de una forma irresponsable, confundiendo los síntomas con las causas. La alegría de un mundo barato, donde el esfuerzo se ignoraba, precipitó a la sociedad en una espiral de consumo sin atender sus ingresos reales. Todo ello se vio acompañado por la gestión de un gobierno que tomaba decisiones despilfarrando recursos, eludiendo cambios, comprometiendo al país, en una loca timba de gasto y borrachera de dinero público.

La lluvia de escandalosos deudas contraídas por decisiones tomadas por diferentes ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos ha conducido a España a una situación económica crítica, como resultado de inversiones en proyectos faraónicos, creación de miles de empresas públicas repletas de empleados con afinidades políticas, subvenciones generosas a proyectos ridículos, duplicidades administrativas, instrumentalización de la justicia para ocultar sus desmanes, ocupación políticas de los consejos directivos de las entidades de ahorro… Todo un mundo donde el dinero público se gastaba en inversiones para satisfacción de los protagonistas que regían la administración del Estado. Así España, dividida en diecisiete gobiernos generadores de deuda a las que nadie ponía coto, se convirtió en el país europeo con mayor red de trenes de alta velocidad uniendo capitales de provincia, el mayor número de aeropuertos sin tráfico, la más extensa red de televisiones autonómicas que a nadie interesan, la construcción de puertos e instalaciones deportivas y empeños seudo culturales donde se esconde un número escandaloso de inversiones inútiles y se alcanza el record occidental de desempleados bajo la indiferente mirada de unos sindicatos obsoletos.

Hemos visto al capitán del Costa Concordia encarcelado y a la espera de juicio por su irresponsabilidad. Pero en España, nadie ve a dirigente político alguno ser juzgado por su cadena de irresponsabilidades; por haber ocultado en más de un 30 % las cifras de déficit anunciadas al Parlamento y al Gobierno que le sucedió ; por los daños causados por leyes infames; por nombramientos que corrompieron la justicia; por el deterioro de la imagen exterior del país; por la búsqueda de exóticas alianzas internacionales; por los gastos inútiles fomentados desde ministerios cuyos dirigentes cerraban negocios en gasolineras; por la marginación de las familias de más de mil víctimas del terrorismo mientras sus asesinos se sentaban en las mesas de negociaciones; por ser testigos pasivos de cómo desaparecían miles de empresas y cinco millones de españoles quedaban sin trabajo y por fomentar la división de los españoles en pasados históricos que nadie quiere revivir.

Esta es la realidad que reproduce en las tierras de España reflejada el desastre ocurrido en las aguas del mar Tirreno. Esa es la herencia del iluminado “Gran Timonel” y su tripulación canallesca. Aunque, condecorados con grandes cruces de Carlos III, el sentido común les situaría mejor ante un tribunal de justicia por su herencia envenenada.